Fue en medio de una jornada con 500 cortes en todo el país contra Javier Milei convocada por organizaciones sociales. El protocolo antipiquetes incluyó camiones hidrantes contra los manifestantes que protestaban de manera pacífica.
Nacionales19/03/2024
Editor
La Policía porteña inició ayer de mañana el avance represivo sobre las organizaciones sociales nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero, que realizaban cortes en varios puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país.
El primer episodio represivo se registró en Puente Saavedra, donde los efectivos porteños avanzaron con Infantería y un carro hidrante contra los manifestantes que se mantenían de forma pacífica en el límite entre provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Pocos después, la Prefectura Naval reprimió en Puente Pueyrredón. Tras ambas represiones se debieron retirar personas descompensadas.
"Estamos acá porque necesitamos comida, la gente cada vez come menos", reclamaba una mujer del barrio Santa Rosa, segundos después de que la Policía al mando del ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolf, iniciara la represión.
El argumento de la Policía de la Ciudad para avanzar sobre los manifestantes, que se mantuvieron en el cruce de las calles Juan Zufriategui y Avenida Maipú del lado de provincia de Buenos Aires --donde el gobernador Axel Kicillof no adhirió al protocolo antipiquete--, fue que había cruzado el límite entre jurisdicciones.
Minutos después de que la Policía porteña avanzara con gases, palos, motos y un camión hidrante sobre los manifestantes de Puente Saavedra, la Prefectura Naval --al mando de la ministra Patricia Bullrich-- avanzó sobre la manifestación que intenta llegar al Puente Pueyrredón, encabezada por el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La columna de organizaciones sociales ocupaba, de forma pacífica, la Avenida Mitre, a dos cuadras de la subida del Puente Pueyrredón. Mientras que en la otra subida al acceso a la Ciudad, sobre la avenida Yrigoyen, también se mantenía un corte. La represión en Avenida Mitre estuvo a cargo de la Prefectura Naval también con palos, gases y camiones hidrantes para cumplir con el deseo de Bullrich de mantener libre la circulación hacia el puente, que se aseguró de forma reducida por la calle Montes de Oca.
A pesar de la represión, el tránsito estaba interrumpido o demorado en ese punto de acceso a la Ciudad desde el sur del Conurbano y la avenida General Paz congestionada por los otros cortes en zona oeste. En todos los accesos el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad nacional y porteño fue limitar el avance de las columnas hasta el límite de jurisdicciones entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
RECLAMO POR LOS COMEDORES
"El hambre es el límite", el principal reclamo es de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, que fueron desabastecidos por decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El otro corte de acceso a la Ciudad de Buenos Aires es en Ruta 3- General Paz y General Paz-Avenida Rivadavia. Entre las organizaciones convocantes están Polo Obrero, Movimiento Evita, Frente Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluido y la Corriente Clasista y Combativa.
Los cortes estaban previstos de manera simultánea en todas las provincias del país y la Ciudad a partir de las 10. El Protocolo Antipiquetes está comando de manera unificada entre la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en tándem con el Ministerio de Seguridad porteño.
El reclamo responde a las políticas encaradas por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que dejó de mandar alimentos a los comedores. Además, se desarmó el plan Potenciar Trabajo, entre enero y febrero dio de baja a casi 50 mil beneficiarios en medio de una campaña para mostrar a las organizaciones sociales como “intermediarias” que se quedan con la comida y la plata de la gente.
Milei licuó el monto de los planes, reemplazando el Potenciar por dos nuevos programas, que desacopló del monto del salario mínimo; mientras redujo a casi cero el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una política destinada a realizar obras en los 4400 barrios populares de todo el país.
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