La ceremonia estuvo presidida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, quien estuvo acompañado por el vicepresidente del STJ, Germán Carlomagno; el vocal Daniel Carubia, la vocal Claudia Mizawak y el vocal Miguel Ángel Giorgio. También lo hizo el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez.

Los nombramientos de los funcionarios judiciales fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial y con acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de efectuados los respectivos concursos a través del Consejo de la Magistratura, conforme el mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos. 

Palabras de Carbonell

Tras agradecer la presencia de quienes llegaron para participar de la ceremonia, el presidente del STJ sostuvo que se trataba de un acto significativo para el Poder Judicial y reveló cómo la crisis social impacta en el fuero de Familia de la provincia.

“En 2019 el 48 por ciento de las causas que tramitaban en los Juzgados de Familia correspondían a casos de violencia familiar o de género; en el 2020 trepó al 58 por ciento, y en lo que va de este año alcanzamos el 75 por ciento de las causas en trámite vinculadas con casos de este tipo de violencias”, precisó Carbonell.

Por eso estimó necesario “seguir reforzando, con recursos materiales y humanos, este fuero de Familia donde se tratan de solucionar estos problemas de convivencia”. Lo hizo luego de considerar que se trata de “una tragedia social y cultural, de una pandemia que no se ve, expresada a través de la violencia de género y la violencia familiar”.

Después recordó los problemas que impidieron la puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación Penal. “En noviembre de 2018 empezaron a trabajar los jueces interinos y recién en agosto de 2021 están los titulares de los cargos designados como marca la Constitución y dispuestos a comenzar la tarea”, señaló Carbonell.

En ese sentido el titular del STJ recordó que los camaristas fueron nombrados por el Poder Ejecutivo tras haber obtenido los correspondientes acuerdos del Senado y luego de sortear el concurso de oposición y antecedentes organizado por el Consejo de la Magistratura. “Este Tribunal va a revisar las sentencias penales y otros recursos que se dicten en los Juzgados de la costa del Uruguay, lo que denota la trascendencia de este acto”, agregó Carbonell.

De inmediato felicitó a las juezas y al juez puestos en funciones, al tiempo que reconoció el compromiso y la honestidad de cada uno. Por eso vaticinó que “van a estar a la altura del cargo al que acceden hoy”. Y además hizo extensivo ese reconocimiento a los familiares “porque nos sostienen a todos, en especial cuando las cosas se ponen críticas en fueros tan sensibles como el Penal y el de Familia, y por eso pensamos este acto como una oportunidad para poder compartir con ellos”.

Del encuentro, que se concretó respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios vigentes, participaron también la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, además de autoridades provinciales, municipales y del Colegio de la Abogacía.

Previo al acto de jura de los funcionarios judiciales, el STJ mantuvo la reunión de Acuerdos en el salón del Colegio de la Abogacía, de la que también participó el vocal Bernardo Salduna. Una modalidad de trabajo que se desarrolla en diversas ciudades desde 2013, con el objetivo de tomar contacto directo con los magistrados de toda la provincia y entablar así un vínculo más directo con las jurisdicciones.

Además el STJ recibió al presidente de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía, Silvio Rugoloto, y a dirigentes de la seccional de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

Junto a los vocales del STJ concurrieron funcionarios técnicos del Poder Judicial, quienes mantuvieron contacto con las trabajadoras y los trabajadores de las áreas de su competencia, avanzando así en el desarrollo de las políticas implementadas para lograr una modernización y dinamización del sistema judicial.

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