El máximo órgano de justicia del país dio su veredicto sobre el hecho de corrupción más grave que será juzgado en Entre Ríos.
23/02/2024
Editor
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvieron sobre el expediente en el que tramita la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura.
Si bien no se conocen los votos de Horacio Rossati, Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; desde el Palacio de Justicia con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron saber a los interesados que es inminente la comunicación y que la causa tramitará en Entre Ríos, según reconstruyó Página Política.
Esto significa que para la Corte la competencia es en la jurisdicción provincial. En resumen: el juicio se llevará adelante en Paraná, como lo resolvió oportunamente la jueza de garantías Marina Barbagelata.
El expediente está desde el 15 de febrero en la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, luego de haber pasado por las áreas de Jurisprudencia y Sector Coherencia. Esta última indica que hubo fundamentaciones en el fallo.
El caso fue revelado por Página Política el 3 de octubre de 2018 cuando el fiscal Ignacio Aramberry allanó los estudios contables que trabajaban para la Legislatura luego de que el 20 de septiembre la Policía interceptó en un cajero automático a una mujer con varias tarjetas de débito.
A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el 2008. Cuando la política entrerriana -especialmente el peronismo, aunque con un silencio absoluto de la oposición- parecía estallar por los aires, llegaron las bondades del Poder Judicial. El último salvavidas del sistema. Dejó afuera a todos quienes habían sido los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, responsables en última instancia de los contratos que se realizaron en los ámbitos legislativos que presidieron y que tienen su propio presupuesto y áreas contables.
Esta verdad fue explicada en detalles por un imputado clave: Sergio Cardozo. El ex director administrativo de la Cámara de Diputados declaró antes que se eleve la causa a juicio que “cada diputado decidía a qué persona contratar, a qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban”. Pues bien, no hay un solo legislador imputado.
El expediente (en Entre Ríos se denomina legajo) llegó a la Corte luego de una fenomenal maniobra política de fórum shopping dada a conocer por este medio, en la que Miguel Ángel Pichetto, entonces del frente Juntos por el Cambio; y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso, quien en un fallo para la historia sostuvo que el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en el período 2008-2018 en la Legislatura se investigue como un delito electoral.
Las partes de esta causa no han sido, obviamente, notificadas, pero todos tienen la información de que la decisión de la Corte es la narrada. Fuente: Página Política.
Un total de ocho allanamientos simultáneos se concretaron en dos barrios de nuestra ciudad en una causa iniciada por amenazas calificadas. Se incautaron municiones y cocaína lista para comercializar, entre otros elementos. Los detalles.
Fuerzas federales realizaron cinco allanamientos dispuestos por la justicia federal en la investigación del robo de la señal televisiva de Direct TV, para ser comercializada a través de un sistema de abono mensual por el cual, el actual Secretario de Prensa Municipal y su esposa, quien es socia de REDES DE NOTICIA SRL y es también funcionaria municipal, según trascendió de fuentes dignas de crédito. Los allanamientos tuvieron por epicentro un departamento ubicado en un edificio de calle Urquiza, un local comercial de Sarmiento y Las Heras y en las calles Cresto y Grimberg, aunque se informó que también se realizaban dos en la ciudad de Federación, donde había concurrido otra brigada de Gendarmería Nacional para ejecutar la orden de la justicia en el desarrollo de un expediente por robo de señales de TV.
Aparentemente el negocio le reportaba al periodista local, Guillermo Pérez, pingues ganancias por el comunicado oficial de la Gendarmería Nacional donde da cuenta del procedimiento realizado en nuestra ciudad y en la vecina Federación y establece que se secuestró "importante cantidad de dinero en efectivo", elementos electrónicos, computadoras, celulares y se detuvieron no solamente al "pirata" Pérez, sino su esposa e hija y a dos de sus empleados, los que en carácter de incomunicados se encuentran detenidos en el Escuadrón 4 de la Gendarmería. Perez, es socio de REDES DE NOTICIAS SRL, director propietario de REDES de NOTICIAS como portal de internet, Director de la Radio Pública de Concordia y Subsecretario de Comunicación del intendente Azcué.
El letrado Osvaldo Sarli destacó que el narcomenudeo es un problema económico social que no ha sido solucionado por ningún sistema represivo y afirmó que, incluso con la detención de una persona, otro familiar continúa con este negocio ilegal. Ya no hay lugar en comisarías y en la alcaidía para alojar detenidos.
Fuentes de la investigación federal en marcha en la causa N° 177041, carátulada “Pérez Guillermo Sergio y Otros S/Estafa”, registro del Juzgado Federal de Concordia a cargo de Analía Ramponi, fueron identificados en dependencias del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional y luego quedaron en libertad ambulatoria, sujetos a la causa. Se conocieron además lo secuestrado. En tanto, el servicio de REDES TV quedó bloqueado por haberse secuestrado elementos que imposibilitan su transmisión.
