A partir de una inquietud elevada por un trabajador al volante, a raíz del homicidio del chofer asesinado con un arma blanca mientras trabajaba -Gustavo Cordero-, el concejal Juan Domingo Gallo presentó un proyecto de ordenanza en el que se establece la obligatoriedad de utilizar mamparas de seguridad en los vehículos.
Concordia 18/08/2021
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En este sentido, el edil comentó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que “actualmente, rige la Ordenanza Nº 37361, de la autoría de un colega, la cual obliga a los remiseros a poner la mampara sanitaria. Esa es una norma temporal ya que se exige para la emergencia sanitaria por el Covid-19”.
“El proyecto sobre esta mampara, que fue sugerida por el señor Miguel Cantero, un trabajador del volante, sería un complemento a la norma presentada anteriormente por el concejal”, expresó Gallo.
“En ciudades como Mendoza y Rosario se han promovido iniciativas similares”, ejemplificó. “Ideas como estas han generado resistencia por parte de los propietarios de los vehículos, por el tema del costo de las mismas, dado que queda a cargo de los dueños de los vehículos”, continuó diciendo.
No obstante, acotó que “por internet, se consiguen mamparas anti-vandálicas que van desde los $ 2.500 hasta los $ 15.000”, y comparó que “si estamos hablando de las vidas de las personas, se me hace difícil reducirlo a debatir la cuestión económica. Si te planteas que con esta medida se pudo haber salvado la vida de un padre de dos chiquitos como el caso de Cordero, creo que la cuestión económica pasa a segundo plano”.
“Tal vez se puede cambiar el proyecto y ofrecer la posibilidad de que sea optativa la mampara”, opinó.
Asimismo, el edil señaló que “en caso de ser obligatorio, al menos para quienes trabajan en horarios nocturnos, podría tratar de gestionar fondos del Estado para que ayude en parte al pago de las mismas”.
“Hay una ley provincial que destina fondos para la adquisición de cámaras de seguridad. De allí podría salir un monto para solventar la colocación de los cristales antivandálicos. Aunque debería verse la legalidad del mismo dado que se beneficia a particulares que realizan una actividad privada”, concluyó Gallo.
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