La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó 51 allanamientos tras una denuncia por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que fue sustituido en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Los allanamientos se realizaron en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porteño, y las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos, informó el organismo.
El procedimiento se lleva adelante dentro de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo de Jorge Dahlrocha.
La maniobra realizada por las empresas consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.
Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar información de las empresas en ese país y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el banco Central (BCRA).
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas de las empresas allanadas –señaló Aduana- no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.
La denuncia se encuentra encuadrada en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.
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«Qué revuelo se armó con todo esto. No me esperaba que se arme tanto revuelo y tanta resistencia a que yo pueda intervenir en la causa, sobre todo desde los organismos públicos del Estado. Eso es lo grave. Tengo conocimientos concretos de que es la propia Fiscalía de Feliciano, la agente fiscal Muñiz, que se ha se ha comunicado con familiares de la víctima, solicitándoles que yo no me constituya como querellante, lo cual es altamente llamativo y grave”.
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