El  martes 11 de mayo de 2021, Emilio Aroldo Castrillón dejó de pertenecer al Poder Judicial: accedió al beneficio de la jubilación en medio de un trámite de juicio político que había abierto la Cámara de Diputados y que ahora, dice, fue producto de una zancadilla entre el Poder Ejecutivo -señala a la ministra de Gobierno, Rosario Romero- y el jefe de los fiscales, el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García.

Ahora, desde el llano, observa de modo crítico de qué modo los miembros de la Justicia utilizan el «poder» que les da el cargo, al que a veces acceden más por mañas que por prestigio o preparación. «Se creen impunes, se creen vedettes. Todos quieren el poder para algo. El cargo de juez genera poder. Te atienden distinto cuando tenés poder. El poder te cambia. Cuando volvés al llano, también cambia todo. Y los que buscan poder chupan las medias para llegar. Algunos son capaces,  y otros no son capaces», asegura.

Castrillón habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y lanzó dardos a todo el Poder Judicial de Entre Ríos: reveló que el sueldo de un vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) está en torno a los $3 millones; que un camarista percibe $2,8 millones; y un juez de primera instancia, $2,4 millones. «Hace 35 años, decíamos que no queríamos ser empleados públicos cuando ingresábamos a la Justicia, y hoy todos quieren entrar a la Justicia por el sueldo», lanzó.

Duda del proceso de selección de funcionarios para la Justicia a través del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. «Fue un invento de (el ex gobernador Jorge) Busti para acomodar a los parientes», dispara Castrillón. Descree de la transparencia de ese sistema de selección, y fustiga lo que entiende como «familia judicial». Y agrega: «Es una corporación. Son una casta, con honrosas excepciones».

Se extraña y se molesta cuando se lo consulta por las últimas decisiones del STJ en torno a jueces y fiscales sospechados de la comisión de delitos. En el caso del vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue suspendido, con goce íntegro del salario, mientras se tramita una denuncia por abuso presentada por uno de sus hijos. Arturo Exequiel Dumón, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, fue denunciado por violencia de género por su ex esposa en 2022, y este año recién el STJ le inició sumario, aunque sigue en funciones. Y Federico Uriburu, que presentó la renuncia a su cargo de fiscal interino de Rosario del Tala, tiene una denuncia en su contra por violencia de género.

Castrillón dice que en todos los casos se debió aplicar la misma vara: suspensión en el cargo y reducción del 50% del salario, tal como orden la normativa vigente.  «Son delitos graves por los que han sido denunciados», analiza.

Castrillón no tiene el mejor recuerdo de la actual presidenta del STJ, Susana Medina, quien en 2021 lo denunció por violencia de género por un entredicho en una reunión de acuerdo general. Dice que la denuncia no tenía fundamentos y que se habría originado en su negativa a votarla como presidenta del alto cuerpo: votó a Martín Carbonell. «Haberme denunciado por  violencia de género fue una payasada», apunta.

Quien lo investigó por esa denuncia fue el fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Leandro Dato.

-¿Qué piensa de la actuación del fiscal Dato?

-Es un maldito, pago, militante radical, inútil, que me hizo mucho daño. También me hizo daño con otros hechos que me endilgaron. Me hizo mucho daño. Es claramente de la UCR, con relación con (el fiscal de Estado Julio) Rodríguez Signes. Todos los saben. A mí me hizo mucho daño.

-¿Pudo decírselo?

-No, porque si se lo digo, soy loco y voy preso. No se le puede decir nada a estos intocables.

-¿El Procurador es intocable?

-Por supuesto, qué duda te cabe.

-¿Por quién están protegidos los hombres y las mujeres de la Justicia?

-Protegidos por el poder que tienen. Pero no resuelven los casos que tienen resolver, los conflictos de la sociedad. Eso es lo que está fallando. La gente ve a la justicia como algo débil, que no le resuelve sus problemas.

-Esta semana hubo casos de jueces y un fiscal denunciados y que están siendo investigados. ¿Cree que puede haber más casos de los que conocemos?

-No sé si hay más casos. Lo que sí digo es que cuando se trabaja, hay menos tiempo de equivocarse. Pero pasa que los jueces llegan a trabajar a las 10 de la mañana, y después se van a Bonafide. Ningún otro los hizo trabajar como los hizo trabajar Castrillón. Yo los hice marcar a las 7 de la mañana. Estoy convencido de que si el jefe no ordena el trabajo, los empleados hacen lo que ellos quieren.

-El STJ pidió la corrección de un informe hecho que daba cuenta de que los jueces penales en Entre Ríos trabajan 3 horas por día. El STJ dice que trabajan 12 horas por día. ¿Qué piensa?

-Hay un 5 a 10% de jueces que trabaja ese tiempo. Y un 90% que no trabaja esas horas. También hay un 30 a 40% que no hace su trabajo y se lo hacen los empleados. Esa es la realidad. Por lo menos así lo veo yo.

Castrillón observa qué pasa con la falta de reacción de la clase política a los desaguisados en la Justicia y señala: «Los políticos de todos los colores tienen miedo de que vayan y los investiguen». (Entre Ríos Ahora)