Un grupo de convictos de una cárcel de Cuenca, al sur de Ecuador, tomó como rehenes a 50 guardias y siete policías el jueves pasado (31.08.2023), en un nuevo motín que pone de manifiesto el control extremo que las bandas criminales ejercen sobre las cárceles del país andino, que vive niveles de violencia sin precedentes.

El sobrepasado Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que está a cargo de 36 prisiones en todo el país, informó al día siguiente que los rehenes fueron puestos en libertad.

"El epicentro de la criminalidad"

Ecuador, un país que antes era considerado tranquilo, lleva varios años sufriendo una escalada de la violencia, particularmente por la presencia de bandas criminales aliadas con carteles mexicanos y colombianos, que utilizan las cárceles como centros de operaciones, desde donde organizan actos que siembran terror en el país.

Según un informe de la Policía Nacional del Ecuador, el país pasó en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.

"Las cárceles se han constituido en el epicentro del crimen. Desde ahí se activan y planifican las acciones criminales más llamativas", contó a DW Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), de Ecuador.

El SNAI baraja dos hipótesis para la reciente revuelta de los presos: un rechazo de los encarcelados al traslado de reos a cárceles de alta seguridad, o la intención de amedrentar a las autoridades para frenar los controles de las celdas, donde los reos esconden armas, drogas y dinero en efectivo.

Un asesinato que cambió la política

El asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio, así como el de otros políticos y alcaldes durante este año, ha generado un impacto muy fuerte en la política: "A partir del asesinato, se militarizó la agenda pública electoral, porque no solo se puso en primer plano el tema de la seguridad, sino que también el de la mano dura", explicó a DW Fernando Carrión, especialista en Seguridad y académico de FLACSO.

"Dentro de esta lógica de quién ofrece más mano dura, los ocho candidatos se presentaron con chalecos antibalas, con cascos y cobijas protectoras; la violencia cambió la política de Ecuador", añadió.

La expansión del crimen organizado en las cárceles

Asimismo, Carrión señala que las estructuras criminales han expandido su nivel de organización y control de las cárceles: "En febrero de 2021 se produjo el primer amotinamiento importante. Esto ocurrió en cuatro cárceles, de tres provincias distintas y a la misma hora, lo que demostró la preparación que tenían", recordó.

"El 28, 29, y 30 de julio pasado, ya no fueron cuatro cárceles, sino que fueron 13. Ya no fueron tres provincias, fueron siete. Ya no fue solo un día, sino casi cuatro. Eso nos demuestra que estas estructuras criminales tienen un control muy fuerte de las cárceles, al extremo que uno podría decir que estas son manejadas por estos grupos", agregó.

Un nuevo Gobierno no significaría ningún cambio

Los expertos no son muy optimistas sobre lo que le depara el futuro al país. El mandatario ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, ya ha declarado varios infructuosos estados de excepción durante su gobierno.

El ganador de la segunda vuelta entre los candidatos a la presidencia, Luisa González, del correísmo, y el joven empresario Daniel Noboa, gobernará solamente por un año y medio, por lo que no podrá hacer cambios profundos: "Ecuador no puede enfrentar la criminalidad con las normas o marcos institucionales que tenemos. Hay que hacer una serie de transformaciones institucionales, que no veo en la agenda", reflexionó Pontón.

"En el corto plazo, el Gobierno que venga tiene que tener una intervención directa en la cárcel. No se puede mantener un esquema de seguridad medianamente manejable. Se necesita mucha entereza y liderazgo", subrayó.

Acuerdos público-privados

Por su parte, Carrión propone algo similar. Elaborar una estrategia para enfrentar el problema y "reestructurar el marco institucional del sector público". Pero además, sugiere que exista, "de la manera que sea, acuerdos de cooperación público-privados". En este último punto, el experto calcula que la colaboración de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y guardias del sector privado podría aumentar la presión sobre las bandas criminales.

Otra de sus ideas es crear una cooperación nacional-local, para que también los municipios puedan entrar en la lógica de la prevención y asumir responsabilidades sobre los hechos de violencia. Y para finalizar, propone elaborar una cooperación nacional-global para la desarticulación de los grupos que forman para de una red global del crimen.