Para los técnicos del FMI, la fragilidad de la situación económica argentina se incrementó por la incertidumbre electoral

El Fondo Monetario Internacional publicó hoy el informe de sus equipos técnicos, conocido como el “Staff Report”, correspondiente a la quinta y sexta revisión del programa que mantiene con la Argentina. En el documento, el FMI consideró que desde la última revisión la situación económica argentina se ha vuelto “cada vez más frágil, con episodios de mayor volatilidad del mercado que reflejaron, más recientemente, incertidumbres políticas”.

“Si bien la sequía histórica ha resultado en mayores pérdidas superiores a las esperadas en la producción agrícola, las exportaciones y los ingresos fiscales, la actividad no agrícola ha mostrado resiliencia, lo que refleja una demanda interna sólida, en parte gracias a resultado de desvíos políticos”, agregó.

Los técnicos destacaron que la inflación y las presiones externas se intensificaron mientras las reservas cayeron “a niveles peligrosamente bajos debido a la sequía y a un ajuste de políticas insuficiente”.

También expresaron que esas dos causas motivaron los “desvíos y retrasos” en la implementación de las políticas. Y se destacó que las tres metas establecidas para fines de junio “se perdieron por amplios márgenes”, en relación a los criterios establecidos para la acumulación de reservas netas en el Banco Central, el equilibrio fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal.

Luego del desembolso de USD 7.500 millones aprobado por el directorio del Fondo el miércoles, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló a través de un comunicado que la Argentina necesitará de mayores esfuerzos para cumplir con el programa, pidió “fuerte respaldo político” para el actual gobierno y el próximo, a la vez que apuntó a la reducción del déficit fiscal con foco en la reducción de subsidios.

“Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”, señaló Georgieva.

En ese marco, en línea con el requerimiento del organismo, el Gobierno se comprometió en la carta de intención firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, a encauzar acuerdos salariales “prudentes”.

“Mientras estamos trabajando para ampliar nuestros acuerdos de precios voluntarios (precios justos), coherentes con unos acuerdos salariales prudentes que preserven el poder adquisitivo al tiempo que apoyamos nuestros objetivos de desinflación”, afirmaron los funcionarios en el texto y agregaron que “aunque el marco de la política monetaria y cambiaria se ajustará en consecuencia para garantizar nuestros objetivos de reservas e inflación, podría ser necesario realizar intervenciones limitadas y temporales en los mercados financieros de divisas”.

La posibilidad de intervenir de manera “limitada” según se destaca repetidamente a lo largo de todo el texto del reporte, es una de las cuestiones centrales del entendimiento con el organismo, que habilitó el mecanismo siempre y cuando no interfiera en el proceso de acumulación de reservas cuyo nivel, se admite, es peligrosamente bajo.

Respecto de la exigente meta fiscal, el Gobierno aseguró que sigue decidido “a mantener el orden fiscal y alcanzar el objetivo de déficit primario para 2023 del 1,9% del PIB para 2023. La reducción significativa de los impuestos a la exportación como consecuencia de la sequía se están compensando con mayores ingresos procedentes del impuesto recientemente ampliado sobre el acceso a dólar oficial para las importaciones, así como medidas para reforzar el control del gasto, protegiendo al mismo tiempo el gasto e infraestructuras prioritarias”, dice la carta de intención firmada por los funcionarios a cargo de la relación con el organismo.

En este sentido, explicitan que se cumplirá con las exigencias expresadas por Georgieva. En concreto, actualizando las tarifas energéticas en línea con los crecientes de los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad de las subvenciones. También a través de “la contención del crecimiento de los salarios del sector público; y de una mejor orientación de las transferencias a las provincias y a las empresas estatales. Para 2024 -agregó- nos hemos comprometido a alcanzar un déficit fiscal primario del 0,9% del PIB.

Massa y Pesce también aseguraron que propondrán que el Congreso considere una reducción de los gastos fiscales para lograr una consolidación más ambiciosa.