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"Hemos documentado 77 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros 6 meses de 2023", reveló el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier en Twitter.
No obstante, el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año, lo que significa una disminución en 12 casos con respecto a los registrados por este organismo para el mismo periodo en 2022.
En 2022, Colombia marcó el "lamentable récord" de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo, que para los primeros 7 meses del año pasado ya había contabilizado 122 homicidios.
El Pacífico colombiano, la región más golpeada de Colombia
Del total de homicidios contabilizados por HRW este semestre, 11 fueron perpetrados en el mes de junio; 12 en mayo; 20 en abril (mes más sangriento para los liderazgos); 14 en marzo; 8 en febrero y 12 en enero.
El Pacífico colombiano -región en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde se concentraron más asesinatos de este tipo. En ese sentido, la ONG registró 18 casos en el Cauca, 6 en el Valle del Cauca y Nariño, y uno en el Chocó, siendo estos los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico.
Entre los asesinados este mes de junio en esa zona se encuentra Alexander Chocué, autoridad tradicional del Resguardo La Laguna Siberia y miembro de la Guardia Indígena, perteneciente al municipio de Caldono en el departamento del Cauca.
Chocué, que había denunciado hace un año que estaba recibiendo amenazas en su contra por parte del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue asesinado el 19 de junio en medio de un evento familiar.
Entre los liderazgos más castigados en este registro de HRW, el documento publicado por Pappier también incluye a campesinos, indígenas, LGBT, juveniles, afrodescendientes, ambientales y hasta un servidor público.
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