
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
La violencia sufrida resultó en "hipoxia o asfixia perinatal, con daño cerebral, en sus riñones y en su aparato digestivo", según consta en la resolución judicial. Los detalles.
Judiciales16/05/2023G.N.H. y J.D.B, madre y padre respectivamente de un recién nacido, demandaron por daños y perjuicios a profesionales de la salud y una institución médica de Entre Ríos.
Los padres del menor fundaron su reclamo en las lesiones sufridas durante el proceso de parto en el que nació L.S. y que, luego del mismo, que resultaron de una hipoxia o asfixia perinatal, con daño cerebral, en sus riñones y en su aparato digestivo.
La resolución de la Sala Civil y Comercial del STJ (integrada por el vocal Martín Carbonell, la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela), hace hincapié en la vigencia de la ley 25.929 sobre violencia obstétrica y su decreto reglamentario Nº 2035/15, conocida como “Ley de Parto Respetado”, protege a la persona gestante, el/la hijo/a, y la familia.
Derechos de la persona gestante, su hijo/a y su familia
La norma reconoce que, entre otros, la mujer tiene derecho a ser protagonista de su propio parto, evitar prácticas invasivas, a ser informada sobre la evolución de su parto, del estado de su hijo o hija, y a que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones profesionales .
La Sala también recordó que la norma establece también que las personas progenitoras del/la recién nacido/a en situación de riesgo tienen derecho a recibir información comprensible, suficiente y continuada sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Violencia obstétrica
“La violencia obstétrica puede ser definida como aquellas conductas -por acción u omisión- que de manera directa o indirecta menoscaban alguno de los derechos que la ley otorga”, definió.
Asimismo, la violencia obstétrica es según la ley Nº 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”, una modalidad que se define como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929 (artículo 6, inciso e).
Resolución judicial
La Sala consideró que “tal entendimiento conlleva que la magistratura a cargo de causas como la presente, deba tener en cuenta estas especiales consideraciones al momento de realizar la valoración judicial de los extremos que conducen a la resolución de la controversia”.
Con respecto a lo manifestado por la madre denunciante, sobre las maniobras que le fueron realizadas en el trabajo de parto, se afirmó que “las personas que denuncian hechos de estas características deben ser escuchadas. En términos de esta causa implica que la resolución jurisdiccional no podía desentenderse del hecho invocado en la demanda en torno a la maniobra de Kristeller”.
Considerado todo lo mencionado en líneas anteriores, la Justicia resolvió dejar sin efecto el rechazo de la demanda instaurada contra M.J.L. y E.H.B., en todo aquello que no ha quedado firme; y remitir las actuaciones al tribunal de segunda instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a la Ley de Parto Respetado y “Protección Integral de las Mujeres”.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Cinco personas, entre ellas una niña, fallecieron este martes en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto por una probable intoxicación con monóxido de carbono, producto de un escape silencioso de gas. La causa está en investigación mientras la comunidad reclama más controles y prevención ante una problemática que se agrava cada invierno.