Presos realizaban transmisiones por celulares sin autorización desde las celdas

Un grupo de presos quedó en la mira de una investigación judicial luego de que se descubriera por parte de penitenciarios entrerrianos, que se contactaban ilegalmente a través de transmisiones de video llamadas por celulares.

Hasta que no se pongan de acuerdo las autoridades judiciales, políticas, de seguridad y de sectores que asistan a personas privadas de la libertad, seguirán colisionando la normativa vigente con los derechos y obligaciones de los presos, con los intereses de la sociedad. Hoy hay un gran menú de restricciones y prohibiciones a los penados en los penales, pero que con autorizaciones de los tribunales, llevan a situaciones insólitas. Una de ellas es el uso "limitado" de los celulares en las cárceles.

En las últimas horas, la Unidad Penal 5 de Victoria descubrió una serie de maniobras no autorizadas de un grupo de internos condenados en la celda 28 ocupado por seis personas, que habían logrado en distintos horarios poder comunicarse con -supuestamente-, sus familiares a través de celulares. Sabiendo de la existencia de restricciones para este tipo de actividades, avanzaron no solo con llamadas por WhatsApp, sino que hacían largas transmisiones de videollamadas, en especial a la noche.

Las autoridades del penal conocieron estas actividades no autorizadas por el Servicio Penitenciario, pero que chocaban con la astucia de los internos, que con ingenio escondían en distintos lugares de los pabellones a los elementos de comunicación. Esos contactos extramuros habrían derivado, incluso en posibles hechos delictivos o cuestiones vinculadas con negociaciones o instrucciones para temas vinculados con la inseguridad en distintas ciudades de Entre Ríos.

Un pozo y túnel

Las transmisiones se hicieron hasta el mismo viernes 25 de febrero, cuando en definitiva con una requisa más profunda a cargo del propio director del penal, José Osuna y otro uniformado, despejaron la celda 28, trasladaron a los seis internos hasta otro sector de la cárcel, y se recorrió centímetro por centímetro. En esta oportunidad, se consideró necesario monitorear el piso, y fue así que con bastante trabajo, lograron levantar cerámicos y baldosas.

Las tareas investigativas de los penitenciarios habían logrado detectar que en ese sector habrían escondido uno de los celulares. Por lo que se debió cavar cuidadosamente.

Con una profundidad de casi un metro, se llegó a un pequeño túnel, y así fue que con la búsqueda manual, se encontró una vieja remera que envolvía una bolsa que había sido quemada en los extremos, para evitar el ingreso de la humedad o agua, finalmente se encontró un celular bastante nuevo, con la capacidad de comunicación actualizada y funcionando a pleno.

Responsabilidad mayor

Una vez localizado el equipo de comunicación, se notificó de la situación a la Justicia, al tiempo que se abrió el expediente interno para aclarar el incidente.

Los seis alojados son condenados en su mayoría por robos calificados, y son oriundos tres de Paraná y el resto de Victoria y Gualeguay.

Las autoridades del penal de Victoria han informado hasta el cansancio que si bien el uso de celulares dentro de las cárceles está prohibido, por autorización del Superior Tribunal de Justicia en Entre Ríos y de la Cámara de Casación Nacional, ninguna persona privada de la libertad puede quedar incomunicada. De esta manera, se organizó un protocolo para el uso de equipos de comunicación.

Con respecto al incidente en Victoria, se estableció que un interno de 23 años, de Paraná, fue el responsable de entrar el equipo, y era el que organizaba las transmisiones en vivo con las personas que -previamente-, se organizaban con el resto del pabellón. El paranaense será sancionado con 10 días de aislamiento, que llevará a producir una baja importante en la calificación de la conducta, según consignó UNO.

Esta sanción sí le provocará dolores de cabeza a los sancionados, no por el aislamiento en sí, sino porque al contar con una nota baja, no podrán gozar de los beneficios que otorga la Ley de Ejecución de Penas, que habilita con el paso progresivo de la condena, la posibilidad de recibir salidas familiares o laborales, siempre y cuando, se observe un nivel de resocialización, cumplimiento disciplinario y de conducta adecuada a las normas dispuestas por el Servicio Penitenciario provincial.

Inédito escondite

El director del penal, José Osuna, informó que en sus años de trabajo en el Servicio Penitenciario, cumpliendo tareas en las cárceles de Paraná, Gualeguay y de Victoria es la primera vez que se encuentra un escondite con estas características. "Para nosotros es inédito, cómo se escondió el celular, cómo fue ejecutado el pozo y el posterior túnel, escondido bajo el piso", resaltó el funcionario.

Confirmó que en los penales de Entre Ríos, el uso de celulares está muy controlado y prácticamente se lo considera de uso prohibido, ya que en los últimos tiempos la propia justicia detectó que presos de cárceles de esta provincia, como de otras, ejecutaron y organizaron hechos delictivos. Desde los denominados cuentos del tío, hasta la coordinación de bandas que comercializaban estupefacientes, o que se dedicaban a los robos calificados en distintas regiones del país.

No importaba si el jefe de la asociación ilícita (o banda) estuviera preso en la cárcel de Ezeiza, el penal de Coronda o en la unidad penal de Paraná, se logró determinar por procesos investigativos en los tribunales provinciales, como federales, que a través del uso de comunicaciones con celulares, lograban mantener el control de las actividades delictivas.

Presos autorizados al uso de celular

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió, en medio de la pandemia por el Coronavirus, una resolución que aún se mantiene firme, el de habilitar el derecho a comunicarse a los privados de la libertad a través de celulares.

La medida dispuesta por los vocales de la justicia entrerriana fue severamente cuestionada por las fuerzas de seguridad provincial, pero frente a la manda del máximo organismo de tribunales, no les quedó otra que implementarla.

Fue así que se dispuso un protocolo para el uso de celulares en los penales. Se les permitiría a los presos el uso de los equipos en los recreos que gozan a diario, para que puedan hablar sin ningún tipo de limitaciones con sus familiares.

Para ello, las cárceles realizaron un registro en el cual los internos debían notificar el celular a utilizar, el número, cómo fue adquirido, con documentación oficial de respaldo, y con qué personas se irían a comunicar regularmente.

El tema fue que hecha la ley, hecha la trampa. Se pudo verificar que algunos presos aprovecharon la oportunidad dada por la justicia para avanzar con cuestiones que no estaban autorizadas. Hablar con otras personas, o bien no mantener contactos familiares, sino más bien ligado con acciones poco claras. (Diario UNO)