Una familia tipo necesitó $ 163.539 para no ser pobre en enero último, mientras que para no caer en la indigencia hicieron falta $ 72.043, informó el INDEC.
Ambas canastas subieron 7,2% en ese mes, por encima del 6% que arrojó el costo de vida.
Las variaciones de la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) y de la Canasta Básica Total (pobreza) resultaron de 109,8% y 108%, en términos interanuales.
El dato se conoce dos días después de que el INDEC difundiera la inflación de enero, que se elevó al 6%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró así un salto con respecto a diciembre pasado, cuando marcó 5,1%, dato que dio continuidad a la desaceleración de fin de año que impidió que la inflación superara el 100%.
El 94,8% de aumento de precios en 2022 superó ampliamente el 83% de 1991, el año en que se puso en marcha la Convertibilidad.
El 6% de inflación de enero obligó a recalcular las previsiones oficiales.
Si bien el ministro de Economía, Sergio Massa, había dicho que el objetivo era que el dato de abril tuviera "un 3 adelante", ahora el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, reconoció que esperan que el IPC "se acerque a 3%" recién para fin de año.
Las estadísticas más recientes llegan cuando el Gobierno nacional lanza nuevos intentos de fijar precios, con el congelamiento de siete cortes de carne y el programa Precios Justos.
Por otro lado, la semana pasada se conoció que el 37,7% de la población es pobre.
Surge de los datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado. Pese a la mayor actividad y al incremento de empleo, se ubicó apenas por debajo de los registros de 2020 (38,8 %, en plenas restricciones por el coronavirus) y de 2021 (38,2 %).
Además, el dato supera el 33,1 % del mismo trimestre de 2019.
Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la indigencia en el tercer trimestre se redujo del 8,3% al 7,8% en un año, pero todavía está por encima del 7,6% del tercer trimestre de 2019. (NA)
El Merval y los bonos soberanos arrancan la semana en rojo, reflejo del desconcierto por el veto presidencial a la ley de pensiones, el fallo sobre YPF en EE.UU. y la falta de consenso político. La presión sobre el dólar y la debilidad del peso marcan el termómetro de la desconfianza.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
La economía argentina vive una jornada de alta tensión. Mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que la deuda externa alcanzó un récord histórico de USD 278.070 millones, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizó en Buenos Aires para auditar el cumplimiento del nuevo programa de financiamiento firmado en abril.
El economista, fiel a su estilo, sostuvo que la realidad dará un "volantazo" porque la gente dolariza sus carteras aunque el presidente sea "Gardel".
El Gobierno logró desacelerar el IPC y ahora son los consumidores los que enfrenta un desafío para sus bolsillos. En un contexto político y económico donde persiste el optimismo por una inflación a la baja -en mayo fue del 1,5%-, hay algo que todos los argentinos deben tener en cuenta si no quieren encontrarse en aprietos financieros en el medio y largo plazo.
Los aranceles de Estados Unidos siguen siendo un freno para el comercio internacional, y también la volatilidad asociada a la figura de Trump.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
La jueza Loretta Preska resolverá si suspende la orden de transferir el 51 % de las acciones de YPF a fondos buitres. Si el fallo se ejecuta, el Estado argentino perdería su participación mayoritaria en la petrolera más importante del país, con consecuencias económicas, políticas y soberanas de gran escala.
Desde este martes y hasta el viernes, los empleados del Ministerio de Salud provincial realizarán retención de servicios y asambleas en rechazo al recorte del 20 % en las horas extras. El conflicto se agrava mientras ATE evalúa adherirse al paro nacional del jueves.
El Ministerio de Seguridad lanzó una línea de asistencia tras cinco suicidios en la fuerza este año. La medida llega tarde y desnuda una realidad ignorada: la falta de centros públicos de atención psicológica, el abandono estatal frente al malestar emocional de sus trabajadores y el crecimiento alarmante del suicidio adolescente.
