Castigos corporales, torturas y ataduras. Era lo que sufrían 87 pacientes, entre ellos 10 menores, en un centro ilegal de rehabilitación de adicciones ubicado en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno (Buenos Aires).
Los internos estaban en condiciones infrahumanas: hacinamiento, encierro y privación de la libertad. Los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas servidas en los patios de recreación, baños tapados y paredes con humedad. No había médico ni psicólogo para realizarles seguimiento de los tratamientos.
"Un lugar dantesco". Así lo describió la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó un allanamiento este fin de semana y detuvo a tres hombres como sospechosos de mantener privados de su libertad a las víctimas que recibían un tratamiento especial por adicciones a las drogas.
Esas detenciones se produjeron en el marco del allanamiento realizado en la tarde del pasado sábado en el centro de adicciones "Los Valientes" bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Moreno, a cargo de Gabriel López. Previamente, personal del Ministerio de Salud había realizado una inspección en el lugar, que no poseía habilitación.
En un comunicado, la PFA detalló que a una víctima menor de edad la encontraron "atada en el interior de un gallinero". "Ante este escenario escalofriante, efectuaron un informe para la Fiscalía Interventora", agregaron.
Junto con el personal de la PFA, ingresaron al lugar profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Entrevistaron en forma separada a los menores de edad, y en forma aleatoria a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar.
En varias de las entrevistas, las personas rescatadas indicaron que eran sometidas a castigos corporales "como golpes, cortes y ataduras". Sufrían hambre, sed y hasta torturas, dado que algunos refirieron que "eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo".
Los jóvenes rescatados indicaron que los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que cuando lo hacían debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar, quien controlaba sus conversaciones.
El fiscal ordenó al personal del Departamento antitrata el traslado de varias víctimas hasta la sede judicial, donde en la madrugada del lunes se les recibió declaración testimonial.
A partir de la prueba recolectada, se determinaron acciones compatibles con torturas a modo de castigos, siendo sometidos a atadura, sumersiones y vejaciones, existiendo una jerarquización de mandos de sus ejecutores, precisó el informe de la PFA.
Durante el operativo, se incautaron varios teléfonos celulares de los responsables del lugar, una computadora, historias clínicas, elementos que deberán ser peritados en busca de información para la causa.
Los menores fueron restituidos a sus familiares, y los mayores se retiraron del lugar, en compañía de sus seres queridos. El lugar quedó clausurado, mientras se prosigue con la investigación para desarticular la estructura de responsabilidad del centro de rehabilitación clandestino.
Gustavo Gauna -comisario de la División de Trata de Personas de la PFA- manifestó que la puerta del lugar no poseía ningún cartel que indicara que sea un centro de habilitación. "No había ninguna placa identificatoria ni habilitación a la vista", contó en TN.
Además, dijo que las familias de las víctimas "de propia voluntad pagan una mensualidad para que sus familiares tengan un trato digno y salgan de las adicciones".
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Un reputado abogado del foro local reabrió un tema recurrente en esta época de inicio de clases: las responsabilidades legales de los padres separados en relación con los gastos escolares y actividades extracurriculares de sus hijos. Según explicó, estas obligaciones van más allá de la cuota alimentaria básica y abarcan también otros gastos necesarios como útiles escolares, actividades deportivas, clases de idiomas o danza, entre otros, en los cuales el padre debe cubrir el 50%.
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