En una audiencia desarrollada este jueves, el exdiputado admitió hechos de enriquecimiento ilícito y corrupción. El próximo jueves se resuelve si homologan o no el acuerdo propuesto por los fiscales y sus abogados.
Política31/07/2021
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El juez Elvio Garzón escuchó a las partes y les comunicó que el próximo jueves a las 13 horas dará a conocer si convalida o rechaza el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa de José Ángel Allende en el cual el dirigente sindical reconoce la autoría en los hechos de Enriquecimiento Ilícito, Negociaciones Incompatibles, Coacción y Amenazas agravadas por violencia de género.
Allende le respondió al magistrado y aseguró su conformidad a todos los términos del acuerdo tal como lo prevé la normativa para estos casos: "Yo reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron".
Cabe recordar que las coacciones reconocidas por Allende fueron contra el periodista Martín Carboni, mientras que las amenazas en el marco de violencia de género fueron realizadas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez.
Al acuerdo llegaron los abogados defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini con el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Laura Cattaneo, Leandro Dato y Álvaro Piérola.
También estuvieron presentes los abogados en representación de las víctimas como el propio Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, María Fernánda Vázquez Pinasco en representación de Sonia Velázquez y Rubén Pagliotto representando a Martín Carboni.
La fiscal Cattaneo fue la encargada de demostrar cómo Allende se enriqueció a través de interpósitas personas y benefició mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación dirigida por él y sus familiares.
La causa se inició tras una investigación periodística del año 2012 y desde allí sufrió varias trabas técnicas y de voluntad para poder avanzar con la investigación que lleva 9 años de demora.
En total, según las pericias contables, Allende se enriqueció en $4.983.146,14 lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19, según consta en la causa.
El MPF solicitó al juez que la condena sea de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de $3.000.000 equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos y un decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares.
Además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, Allende deberá fijar un domicilio y tiene en sus espaldas la prohibición de realizar cualquier tipo de acto violento o molesto a las víctimas, la obligación de realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y libertad de expresión dispuesta por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) y la prohibición de cualquier acto violento que significase un delito".
Cabe recordar que para que pueda llevarse a cabo un juicio abreviado, el acusado debe reconocer su responsabilidad en los delitos de los que se le acusa. En este caso, los delitos reconocidos por Allende llegaron a juicio abreviado concatenados en concurso real. El MPF hizo mención que solicitarán que se desestime toda acusación o investigación contra los familiares de Allende ya que el dirigente sindical reconoció que ellos no sabían de la actividad delictual respecto al origen del dinero y que él los utilizó a su favor.
Respecto al decomiso, la fiscal Cattaneo solicitó al juez que disponga también de la utilidad futura que el Estado le otorgue a los dos inmuebles decomisados. Se trata de la casa de calle Laprida 153, tasada en 378.289 dólares y la casona del Parque Urquiza, ubicada en la esquina de Castelli y Etchevehere, cuyos 199 metros cuadrados fueron tasados en 726.922 dólares.
En esa línea, la fiscal solicitó que se disponga que la casa de calle Laprida sea destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género (cuya sede recientemente inaugurada es sobre una propiedad alquilada) y que la casona del Parque Urquiza sea para el Consejo de la Magistratura.
Pero el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien avaló el acuerdo en términos generales, manifestó su oposición a que sea el Magistrado quien decida los destinos de los bienes decomisados sino que en casos de Enriquecimiento Ilícito los bienes pasan a la órbita del Poder Ejecutivo quien podrá posteriormente coincidir o no con los destinos dispuestos en el acuerdo.
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