Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.

Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.

A través del relato de tres comunidades indígenas del norte del país, Greenpeace Argentina presenta los primeros episodios de “Yaguareté; pasado, presente y ¿futuro?”, tres cortos documentales sobre el vínculo espiritual de esta especie con los pueblos originarios de la región.

El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.

“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).

La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.

“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.

Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.

A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte

De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.

Bomberos y voluntarios intentan contener las llamas que destruyen los bosques y la vida silvestre en Corrientes

“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.

Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.

Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos

El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.

“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.

El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.

El Río Bermejo en el bioma del Gran Chaco

Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas

Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.

Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.

Greenpeace documentó una topadora destruyendo bosques nativos a 30 kilómetros de Miraflores, a pesar de que semanas atrás la Justicia chaqueña ratificó la suspensión de los desmontes.

El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.

“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.

Este reportaje fue realizado gracias a la Beca de Investigación sobre crímenes ambientales de la organización GRID-Arendal.