La norma aprobada por el Concejo Deliberante prevé tanto limitaciones como medidas de contención para cuidacoches, malabaristas callejeros y prestadores informales de servicios de limpieza a vehículos en la vía pública. Los detalles.
Concordia15/12/2022
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Esta mañana, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que regula la actividad de cuidacoches, malabaristas callejeros y prestadores informales de servicios de limpieza a vehículos en la vía pública, comúnmente denominados “trapitos”. La norma prevé tanto limitaciones como medidas de contención.
Puntualmente, el Concejo Deliberante determinó este jueves la prohibición de actividades de esta índole en la ciudad con base en un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Carola Laner y desarrollado en un trabajo conjunto con los concejales y concejalas, el intendente y los equipos de gestión con competencia en estas cuestiones.
Se informó también que en forma paralela a la aplicación de la norma se contempla la contención y asistencia de quienes actualmente ejercen este tipo de acciones en las calles y avenidas. En este aspecto, hay un relevamiento de trapitos, cuidacoches y malabaristas en curso y se está trabajando en la atención de cada situación particular por parte de diferentes áreas del municipio.
Específicamente, la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante establece en su artículo 1° que no se permitirá “la actividad en la vía pública de servicios de estacionamiento y/o cuidado de vehículos y/o cuidacoches, servicios de limpieza o lavado de vidrios y/o de vehículos “denominados trapitos”, y toda otra actividad de similares características”.
En tanto que el artículo 2° del texto avalado por los ediles determina: “No se permitirá, en el ámbito de la ciudad de Concordia, el desarrollo de toda actividad de malabarismo o circense que se realice con elementos que puedan generar un perjuicio y/o peligro para los propios artistas y/o transeúntes. Entiéndase por elementos de peligro: fuego, armas, armas blancas, palos de gran magnitud y todo aquel que utilizado sin los medios de seguridad pertinente puedan generar un daño”.
Al respecto, la concejala Carola Laner (Juntos por el Cambio) detalló que “es un proyecto presentado por la oposición, donde el Ejecutivo, junto a las diferentes áreas, hizo un enorme aporte para mejorarlo, y en base a la voluntad de consenso se acordó modificaciones al proyecto original, y la unificación de un proyecto conjunto”.
“Esta es una iniciativa que parte de una decisión legislativa, acompañada por una fuerte decisión política del Ejecutivo, que responde al reclamo que diferentes sectores e instituciones venían exponiendo desde hace mucho tiempo, ante quienes tenemos distintas responsabilidades institucionales. Sabíamos que era un proyecto que agitaría polémicas, como todo los proyectos disruptivos que buscan una solución de fondo a una problemática que se fue profundizando”, argumentó Laner.
“Entendíamos que era necesario establecer un marco normativo, que nos permitiera regularizar la situación, y a su vez atender de forma individual casos donde existan situaciones de vulnerabilidad social”, aclaró.
“Cuando hacemos referencia a un proyecto integral, es porque no solo pensamos en la prohibición y en la parte meramente punitiva; también se contempla una propuesta de contención social alternativa, creemos que es necesario bregar para identificar y atender de forma individual casos donde existan situaciones de vulnerabilidad social, abordando cada situación y avanzando en soluciones integrales”, destacó la edil opositora en la sesión.
En el mismo sentido, el secretario municipal de Desarrollo Social, Fernando Barboza, destacó que “en el tema de los "trapitos" hubo un trabajo conjunto del intendente Enrique Cresto con el Concejo Deliberante donde siempre se buscó el equilibrio. Es decir, resolver un tema que generaba reclamos y preocupación en la ciudadanía, y que había que regular de alguna manera, sin desatender el componente social de esta cuestión”.
Problemática social
“De la mano de la prohibición de la actividad debe venir la atención de quienes actualmente la ejercen, que es lo que actualmente se está haciendo. Según se trate de casos de vulnerabilidad, adicciones, situación de calle o falta de oportunidades laborales, estamos interviniendo con las diferentes áreas para permitirles salir de las calles, de las esquinas, acompañándolos para que puedan reinsertarse laboralmente o acceder a otras oportunidades”, concluyó.
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La ciudad de Concordia volvió a encabezar un ranking que debería encender alarmas institucionales: según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el 75% de los niños vive en situación de pobreza. Se trata no solo de una cifra récord, sino de un llamado urgente a replantear el rol del Estado —en sus tres niveles— en la garantía de los derechos básicos de la niñez.
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