El dirigente social Juan Grabois se presentó en la mañana de ayer en los tribunales de Comodoro Py 2002 junto a un grupo de trabajadores de la economía popular que este mes no cobraron su salario. El objetivo fue presentar un escrito en el Juzgado Federal N° 11 -actualmente a cargo de Julián Ercolini- para constituirse como abogado defensor, en la causa en donde se investiga a 2.500 personas por supuesta defraudación del Estado.

La causa por la cual fueron dados de baja esos programas fue la compra de dólares. Para Grabois, esa operación no es incompatible ni está prohibida por ninguna normativa del programa. Pero resaltó que “no se trata de personas ricas”. La mayoría de los afectados compraron un pequeña cantidad de dólares como ahorro, o se suscribieron a plataformas como Netflix o Spotify, o descargaron aplicaciones que, después de un tiempo de ser gratuitas, comienzan a facturarse en dólares.

El grupo ingresó al edificio de tribunales y en la plata baja Grabois comenzó a filmar a los afectados, haciéndoles entrevistas sobre si habían comprado dólares. En ese momento, personal policial le informó que no podía estar llevando adelante esa actividad en el edificio sin autorización. Eso generó algunos gritos por parte del propio Grabois, que terminó subiendo al cuarto piso para ver a Ercolini.

“Si van a investigar, que investiguen también las irregularidades de no haberle pagado a quienes les correspondía y no violaron ninguna ley. Es mucho más irregular sacarle a alguien que no cometió ningún delito y que necesita ese salario para vivir y le corresponde. Resolvamos esto porque la gente necesita cobrar, pagar el alquiler y vivir”, aseguró Grabois.

Mailén, una de las damnificadas, es playera del Mercado Central y contó que no cobró su salario “porque bajé la prueba gratis de una aplicación, no la di de baja a tiempo y me cobraron los dólares”. Por su parte, Rafael, reciclador de Avellaneda, explicó que “no cobré porque compré dólares para ahorrar plata, tengo a mi mujer enferma del corazón con tratamiento de diálisis y compramos dólares para ahorrar para los medicamentos que aumentan todos los meses”.

La Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal para que el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, entregue el informe “reservado, original y completo” que expuso posibles irregularidades en cientos de miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo. Castagneto, por su lado, ratificó en sede judicial que los informes señalan que hubo beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que figuran en situación económica como para comprar dólares o autos cero kilómetro. Así lo hizo en una declaración testimonial que prestó ante el fiscal Guillermo Marijuan, denunciante del caso.

Según el escrito, la presentación de Grabois enfatizó que “si bien ninguno de los presentes se encuentra formalmente imputado, los aquí presentados hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia de una investigación penal en donde nos podríamos encontrar involucrados, tal es así que en el marco de las presentes actuaciones se investiga –presuntamente—a un número indeterminado de beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ que habrían accedido al mismo sin encontrarse en la situación de vulnerabilidad exigida por la ley”.

“Los aquí presentes hemos sido anoticiados en el día de la fecha de la suspensión del cobro de dicho programa social debido a haber accedido a la compra de moneda extranjera (Rafael Luís Álvarez y Cinthia Anahí Vergara Mendoza) o consumo con tarjeta de crédito (Barbara Florencia Palacios y Mailen Soraya López Valdivia) durante los últimos veintiséis meses. Entendemos que nos encontramos en el marco de un proceso penal dentro del cual estaríamos siendo investigados, tal es así que se han tomado declaraciones testimoniales y se han tomado medidas tales como el levantamiento del secreto fiscal para entregue el informe ‘reservado, original y completo’ que expuso posibles irregularidades y supuestos delitos en cientos de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo”, sostuvieron.

Según señalaron, “el hecho de que no exista persona física imputada en el marco de las presentes actuaciones no hace más que vulnerar ciertas garantías de los posibles imputados” y “ante la incertidumbre de una posible imputación penal en el marco de una investigación que desconocemos, con la certeza de no haber violado ninguna norma ni haber incurrido en algún delito, pero efectivamente habiendo incurrido en los consumos de tarjeta de crédito o la compra de moneda extranjera, es que solicitamos se nos permita tomar conocimiento en la causa”.

“Quienes suscribimos somos personas que nos encontramos en situación de vulnerabilidad a quienes el cobro del salario social complementario representa un ingreso fundamental para nuestra subsistencia. En función de que es este expediente el detonante de la suspensión del cobro como beneficiarios le solicitamos al juez de la causa que se expida acerca de nuestra situación particular”, se añadió.

Tras presentar el escrito, los damnificados junto a Grabois fueron recibidos por miembros del juzgado federal N° 12 donde les adelantaron que se encontraban en proceso de investigación de las irregularidades.