El 1° de diciembre, organismos de derechos humanos presentarán un informe sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaidías de la provincia.
Provinciales18/11/2022
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Organismos de derechos humanos de Entre Ríos, en conjunto con instituciones universitarias, llevaron adelante una serie de inspecciones sobre condiciones de detención en comisarías y alcaidías policiales, cuyos resultados se van a presentar públicamente en dos semanas.
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), que nuclea a las organizaciones de distintas localidades de la provincia, anunciaron que llevarán adelante la presentación del informe final sobre “Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaidías de Entre Ríos” el jueves 1 de diciembre a las 18, en el salón Amanda Mayor del Rectorado de Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), ubicado en avenida Ramírez 1143 de Paraná.
Según se indicó, el informe sintetiza conclusiones relevantes producidas en el marco de un proyecto para inspeccionar las lugares donde se alojan personas privadas de su libertad, el cual fue impulsado por Rodher y ejecutado en articulación con el Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Uader y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Asimismo, mencionaron que esta iniciativa fue seleccionada en una convocatoria realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de prevención de la tortura.
"El trabajo de inspecciones y visitas realizado sobre 13 comisarías y alcaidías de nuestra provincia, nos ha permitido visualizar situaciones problemáticas cotidianas vinculadas a las condiciones de encierro de personas privadas de la libertad en la provincia de Entre Ríos, brindando una producción necesaria para generar un diálogo con las instituciones del Estado con capacidad de intervención", anticiparon desde la Rodher.
La iniciativa, llevada adelante en los últimos meses, se implementó ante la imposibilidad de instrumentación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ya que la ley de creación fue aprobada durante la gestión anterior pero nunca puesta en práctica.
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