Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en el marco de una causa que investiga al grupo que realizó varias protestas violentas. La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner.
Política21/10/2022
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Tres integrantes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos este jueves en una causa que investiga los delitos de incitación a la violencia colectiva, con el agravante de la discriminación, confirmaron a Infobae fuentes del caso. Los procedimientos se realizaron en la mañana de este jueves en el marco de once allanamientos. Es posible que en las próximas horas se produzcan más detenciones. Todo ocurre en el marco de la causa en la que Cristina Kirchner fue aceptada como querellante.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra. A Morel fueron a buscarlo a su casa, en el barrio de Munro. Pero fue detenido en la ciudad de Paraná. En las últimas horas, en su estado publicó en su estado de WhatsApp una foto con un micro en Retiro diciendo “chau”, según reportó una persona que lo tiene entre sus contactos.
A Sosa lo arrestaron en su domicilio en Villa Ballaester. En tanto, Guerra fue apresado en su casa de Moreno. Los procedimientos fueron realizados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la Capital Federal y el conurbano, por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal Gerardo Pollicita le había solicitado una serie de medidas en las últimas horas. Es que la causa se estaba trabajando bajo secreto de sumario en los últimas semanas para recolectar información.
Las detenciones no fueron los únicos procedimientos. Hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1300. Esa empresa que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo aparecía haciéndole transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La compañía se presentó el miércoles en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.
La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.
Cuando ya se había producido el intento de homicidio de CFK en la puerta de su casa -el 1° de septiembre-, a través de un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py una denuncia de una persona llamada Luca Morales, quien hizo saber que en las redes sociales estaba circulando un perfil que con sus manifestaciones adelantaba que atentaría contra la democracia e incitaría al odio y la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.
La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.
El juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a la magistrada María Eugenia Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigado en el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no. Allí también le remitió una presentación que había hecho la Agencia Federal de Inteligencia el 14 de septiembre.
La AFI reportó entonces una charla de casi dos horas de duración, publicada el 26/8/22 —una semana antes del atentado— en la red social Twitter, en un espacio que habría sido creado por la agrupación Revolución Federal, titulada “¿Hay que pudrirla?”, en donde conversan los referentes Jonathan Morel y Franco Castelli. Allí, uno de los participantes habla de una mecánica parecida a la que habrían llevado adelante Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó contra CFK, y su novia. Dicen: “Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”.
En otro diálogo, uno le pregunta al otro si vivía cerca de la casa de Máximo Kirchner, en Santa Cruz, y al recibir una respuesta positiva, le retruca: “¿Cómo no lo mataste, boludo?”. Y sobre Alberto Fernández, afirman: " No lo escucho porque me violenta, encima, viejo hijo de puta, viaja en helicóptero, porque si viajara en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo y se lo cago tanto a patadas... se lo prendo fuego, hijo de puta, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”.
Con el análisis de las primeras actuaciones, el fiscal Pollicita opinó que la denuncia contra Revolución Federal debía investigarse en conjunto con el atentado a CFK. Martínez De Giorgi coincidió. Pero tanto Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo entendieron que ellos no tenían elementos para ligar a esa agrupación a la investigación del intento de homicidio. Promovieron que se llevaran adelante las primeras diligencias en otro juzgado y, de encontrarse elementos, se las remitieran. El juez Mariano Llorens, desde la Cámara Federal, estuvo de acuerdo.
En ese contexto es que Pollicita promovió el secreto de sumario y pidió distintas medidas de prueba que ahora se conocen con las detenciones.
El lunes pasado, Cristina Kirchner, a través de sus abogados Juan Ubeira y Marcos Aldazabal, pidió ser querellante en esta investigación. El juez Martinez De Giorgi la aceptó al día siguiente. La causa sigue en secreto de sumario.
Morel es el que más exposición pública tuvo cuando comenzó a hablarse de esta causa. Gastón Guerra, en tanto, tuvo participación el 3 de agosto, en el contexto de la asunción en el cargo de Ministro de Economía de Sergio Massa, cuando fue detenido por golpear la camioneta en la que el funcionario se trasladaba. Su abogada es Gladys Egui, representante también de Leonardo Sosa, uno de los líderes del movimiento.
Precisamente el 23 de agosto, antes del ataque a Cristina Kirchner, Leonardo Sosa fue detenido por un hecho de resistencia a la autoridad acontecido en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta. Habría intentado arrojar una valla hacia el edificio en cuestión y se habría secuestrado una bomba molotov en la mochila que portaba. Ese episodio está siendo investigado por el juez Ariel Lijo.
Fue por diferencias con los titulares de diferentes gremios sobre los paros generales contra el Gobierno: “No coincido con las decisiones de la mesa chica”, sostuvo. El líder camionero quería convocar a una nueva protesta para el 5 de diciembre pero la mesa chica del gremio la rechazó a la medida.
Detrás de una supuesta intención de luchar contra la corrupción se esconde un motivo despreciable, amedrentar y disciplinar al peronismo y a sus dirigentes.
El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, consideró que es “tremendo el daño que se hace con las detenciones de los compañeros Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera”. También calificó como “descabellada” la prisión preventiva dispuesta “para quienes han mostrado una conducta sin ambigüedades frente a la justicia”.
La jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 de este miércoles para analizar las posiciones de la partes respecto del recurso de Habeas Corpus que presentaron las defensas de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, que fueron detenidos y alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná el martes por la tarde con prisión preventiva hasta que la sentencia que los condenó en la denominada Causa Compleja quede firme.
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, trató este martes el pedido de juicio político presentado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y resolvió su rechazo.
Asimismo, el Gobierno reiteró en Brasil que respalda a Israel frente al grupo terrorista Hamas, condenó la invasión de Rusia a Ucrania y rechazó la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a los denominados “super ricos”.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
La joven de 20 años estuvo desaparecida durante 15 días. La encontraron muerta en una zona rural de Santa Fe.
En total, fueron cuatro los procedimientos policiales realizados en los que se buscaban armas de fuego y cartuchería. Finalmente, dos de ellos dieron positivos para estupefacientes.
Este jueves comenzó a funcionar oficialmente el Chalet Terapéutico de Mujeres en el barrio El Silencio de nuestra ciudad, un espacio pionero para la recuperación de mujeres con consumos problemáticos, en una alianza entre la Municipalidad y la Asociación Civil “Restituo”.
El damnificado salió de su casa este martes para realizar un trámite momentos antes del mediodía y, al regresar a su domicilio, encontró la puerta de su casa forzada y descubrió que le faltaba un televisor que había comprado días antes.
