
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
La vicepresidenta, que tiene un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, habló de una “farsa guionada” de los fiscales Luciani y Mola.
Judiciales19/09/2022A horas de que comience el alegato de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio que analiza la adjudicación de contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez, la Vicepresidenta convocó a través de sus redes sociales a escuchar las palabras de su abogado defensor, que se extenderán durante toda la semana. Además, apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos pública.
“Mañana, a partir de las 8hs, el Doctor Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como ‘Vialidad’. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, sostuvo.
La audiencia comenzará a las 8 de la mañana. Los abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, anunciaron que será virtual por el sistema de videoconferencia (se transmitirá por el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal N° 2) y utilizará los días que el Tribunal Oral Federal 2 le dio a cada defensa para ejercer sus alegatos. Así, la defensa expondrá hoy, el martes y el viernes.
La expectativa está puesta en si la vicepresidenta utilizará alguna de las audiencias para hablar. Como es abogada puede hacerlo, pero para eso debe pedirle al tribunal que la inscriba de esa manera. Un caso similar fue el del ex presidente Fernando De la Rúa, que era abogado en causa propia en el juicio oral de la causa por las coimas en el Senado, en el que fue absuelto.
La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la vicepresidenta alegará Báez. La Fiscalía pidió condena para los 13 acusados.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. En sus alegatos los fiscales entendieron que la mayoría no se terminaron y que todas se cobraron. Además de que se incumplieron una serie de normas para su otorgamiento y que las licitaciones estuvieron armadas para que las gane Báez, un empresario amigo de Néstor Kirchner que armó su compañía insignia “Austral Construcciones” días antes de la asunción en 2003 de Kirchner como presidente de la Nación.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, dijo Luciani.
Las defensas en sus alegatos refutaron la acusación y tuvieron fuertes críticas para los fiscales. Se espera que la defensa de Cristina Kirchner tenga la misma línea. La expectativa en tribunales está centrada en lo que los abogados de la vicepresidenta respondan sobre lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”.
Para eso se basaron en los mensajes encontrados en el celular del ex secretario de Obras Públicas José López que le secuestraron en junio de 2016 cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares. Luciani sostuvo que en esos mensajes se da cuenta que días antes que Cristina Kirchner deje el gobierno en 2015 se planificó el pago de 537 millones a las empresas de Báez por obras que no habían sido terminadas y se organizó el despido del personal y el cierre de las empresas.
Para eso los fiscales mostraron que López y Báez tuvieron reuniones con Cristina Kirchner en la quinta de Olivos y en Santa Cruz. Y que después se comunicaron entre ellos y con otras personas para darle forma al plan. Con eso, la Fiscalía entendió que la Vicepresidenta estuvo al tanto de lo que ocurría con el desfalco de la obra pública y pidió que sea condenada por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio de la administración.
El inicio del alegato de Cristina Kirchner se dará en un contexto especial. El 1 de septiembre pasado fue víctima de un intento de homicidio en la puerta de su edificio de Recoleta cuando volvió del Senado y mientras saludaba a las personas que fueron a acompañarla Fernando Sabag Montiel llegó a centímetros de la vicepresidente, le puso una pistola Bersa calibre 32 y gatilló. Esas marchas de apoyo a la ex presidenta comenzaron al día siguiente que la Fiscalía concluyó su alegato y pidió que sea condenada.
Por el intento de homicidio hay una causa judicial y el caso tiene cuatro personas detenidas. “Estoy viva por Dios y por la Virgen”, dijo la Vicepresidenta el jueves pasado en un acto en el Senado en lo que fue su primera aparición pública después del atentado.
La etapa de alegatos también se da en un contexto de preocupación para los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que tiene el juicio, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El jueves pasado Gorini encontró a la mañana un paquete sospechoso entre la reja y el garaje de su casa. Expertos en explosivos lo hicieron detonar y en su interior contenía naranjas. Y la semana pasada Giménez Uriburu denunció que intentaron ingresar a su teléfono celular con un cambio de chip que no había solicitado. Además, los tres magistrados fueron víctimas en julio pasado de la intrusión de desconocidos a la oficina del Consejo de la Magistratura que guarda los anexos reservados de las declaraciones juradas de todos los integrantes del Poder Judicial. Se determinó que fueron abiertos 33 sobres, entre ellos los de los jueces del caso de la obra pública.
Cuando la defensa de Cristina Kirchner finalice su alegato quedará la misma etapa para otros siete acusados. Luego de eso el tribunal puede decir de habilitar la etapa de réplicas y dúplicas donde todas las partes pueden responder aspectos de los alegatos que no fueron tratados en el juicio. Tras eso los acusados podrán hablar ante el tribunal por última vez antes del veredicto y finalmente la decisión de los jueces. La expectativa que tienen los magistrados es dar a conocer el veredicto antes de fin de año y que no se extienda al 2023, cuando será las elecciones presidenciales para no haya interpretaciones políticas de su decisión. Más allá de que saben que igual las habrá.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La agencia de Lotería de Calabacilla, zona ubicada entre Puerto Yeruá y el Peaje de la Ruta 14, en el Municipio de Estancia Grande, Departamento Concordia, vendió una de las boletas ganadoras del sorteo del Quini 6 de este domingo 29 de junio. El apostador o apostadora afortunado o afortunada ganó casi 800 millones de pesos.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.