Preparan DNU para que 200.000 beneficiarios de planes sociales pasen a tener trabajo en blanco en el sector privado

Con “Puente Empleo” las personas retendrían el beneficio por un año, durante el cual la empresa que los contrate pagará la diferencia hasta –al menos- el salario de convenio. Sectores de actividad a los que se apunta y perfil de los potenciales empleadores.

Nacionales15/08/2022EditorEditor
Massa

La semana será corta en días, pero pródiga en anuncios. El ministro de Economía, Sergio Massa, buscará mantener el ritmo frenético que imprimió a la gestión iniciada el 3 de agosto con la firma presidencial a un decreto “Puente Empleo” que permita empezar la transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en lo que llaman “Trabajo Formal de Calidad”.

Además, durante la semana, aunque aún no está completamente definido qué días, se darán los detalles del programa de segmentación tarifaria que permitirá reducir el monto de subsidios que paga el Estado nacional en concepto de luz y gas y, así, dar un paso clave en la meta de “ordenamiento fiscal” que se propuso Massa.

Del mismo modo, tampoco está definido el día en que se dará a conocer el nombre de quien secundará al tigrense en la cartera económica; el perfil sigue siendo el mismo que ya se conocía y por el que se dio a conocer inicialmente el nombre del economista Gabriel Rubinstein (no excluido de la carrera); alguien con visión amplia, que asegure la consistencia macro del huracán de medidas que impulsa Massa.

Del Plan al Trabajo

La idea, según circula en un Memo entre miembros del Ejecutivo, es que los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, lo cual dependerá del tipo de empleo, puedan seguir cobrando los beneficios y prestaciones del programa que venían percibiendo hasta un año más, durante el cual el empleador pondrá la diferencia hasta llegar –cuanto menos- al salario de convenio. Según sus impulsores, el programa permitiría “avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales”.

El “Puente al Empleo” se establecerá por DNU, para dar mayor seguridad jurídica al programa. El beneficio para los trabajadores será la tranquilidad de saber que retiene el beneficio que ya percibe, pero cuyos ingresos puede mejorar, y que al cabo de un año podrá optar entre mantener el plan u optar por un trabajo formal en el que contará con Obra Social, cobertura de Riesgo de Trabajo y todos los beneficios de estar “en blanco” en el mercado laboral, incluido el derecho a una indemnización en caso de despido. Es lo que llaman “trabajo de calidad”.

El beneficio para los empleadores será un menor costo laboral, pues el Estado se hace cargo de parte del salario (el monto del plan que se mantiene) y un modo más accesible de testear la capacidad de un empleado que el una contratación tradicional, aunque apuntando al mismo objetivo.

La meta es que el “Puente al Empleo” permita sumar a la economía formal unos 200.000 trabajadores que hoy funcionan en el marco de la llamada “economía social”.

En base a datos de la estructura de empleo de la Argentina, según la cantidad de trabajadores que ocupan las empresas, el programa apunta a incorporar al trabajo formal en empleadores cuyas plantas laborales sean de hasta 100 trabajadores, un universo que abarca nada menos que el 98% de las empresas que emplean gente en la Argentina, según precisa –con cifras a mayo pasado- el Boletín de Seguridad Social.

Además, Auditorías

Además de impulsar el “Puente Empleo”, Massa apoya la iniciativa del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de Auditorías y Controles sobre el funcionamiento y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en especial en la provincia de Buenos Aires, mediante el relevamiento de la situación social, laboral y productiva de las llamadas “unidades de gestión”. La voz de orden es que a los beneficiarios que no cumplan con sus obligaciones se les quitará el plan.

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