El Gobierno accedió a un pedido de diálogo convocado por más de 300 organizaciones pero el presidente de la Confederación Indígena, Leonidas Iza, plantea más condiciones para sentarse en la mesa.
Internacionales23/06/2022
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La protesta indefinida en contra de Guillermo Lasso mantiene a Ecuador en zozobra y caos. Las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) iniciaron el 13 de junio y ya cumplen su décima jornada. Miles de manifestantes de las distintas comunidades indígenas del Ecuador han llegado a Quito, mientras otros mantienen las protestas en sus territorios. Luego de diez días de la medida de hecho que busca que el gobierno ecuatoriano cumpla con una agenda de 10 puntos, que incluye los precios de la gasolina, derechos laborales, condonación de créditos en la banca, entre otros, las consecuencias sociales y económicas son considerables.
De acuerdo con la información oficial y también la emitida por las organizaciones indígenas, hasta ahora se contabilizan al menos dos manifestantes muertos. La Policía aseguró que no tiene responsabilidad sobre esas muertes, mientras que los manifestantes sostienen que sus compañeros de protestas fueron asesinados por la fuerza pública.
El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó sobre la muerte de dos personas que eran transportadas de emergencia en ambulancias que fueron detenidas por los manifestantes en los bloqueos de ruta. A pesar de pedir que les permitan el paso para trasladar a los enfermos hasta un hospital, los manifestantes se negaron. Con esto, las movilizaciones ya cuentan cuatro muertos.
La protesta indefinida también ha dejado más de un centenar de heridos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública. Hasta el 21 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, contabilizó 74 personas heridas. Por su parte, la Policía contabilizó que 85 de sus agentes resultaron heridos, esto según la información publicada el último martes y las más recientes declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Hasta el 20 de junio, las Fuerzas Armadas informaron que 22 militares fueron heridos.
Quito, la capital política del Ecuador, se encuentra sitiada desde hace seis días. Incluso, el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, teme por la suspensión de los servicios básicos –ya existen problemas para que los recolectores de basura circulen y hay escasez de gas.
Además, la ciudad capitalina ha sido declarada zona especial de seguridad, por lo que algunos puntos claves cuentan con fuertes contingentes de policías y militares. Las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el parque El Arbolito están en manos de la fuerza pública. Este lugar ha sido, tradicionalmente, el punto de encuentro de los manifestantes e incluso el centro cultural ha abierto, en otras ocasiones, las puertas para que se alojen allí las personas que llegan a Quito para las protestas. Fue justamente en esa zona donde la tarde del martes se registraron enfrentamientos de la Fuerza Pública y de los manifestantes.
Dos universidades han prestado sus instalaciones para que los manifestantes puedan descansar y recibir asistencia. A pesar de que se considera a las universidades como zonas de paz, varias organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que la Policía ha lanzado bombas lacrimógenas dentro de los predios universitarios.
La jornada más violenta
A pesar de que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ha solicitado a las bases que no permitan violencia durante las protestas, sí se han registrado actos vandálicos que han sido denunciados por los ciudadanos.
El último martes se conoció que, en el marco de las protestas, los reservorios de agua de Ambato, una ciudad ubicada a 157 kilómetros al sur de Quito, fueron contaminados con aceite quemado, por lo que el Municipio tuvo que suspender el suministro de agua de la ciudad para limpiar el agua.
En los cierres de ruta, en cambio, los manifestantes estarían cobrando cuotas a los conductores para permitirles el paso. Una fuente, que pidió la reserva, contó que las autoridades indígenas en Guaranda, a 250 kilómetros de Quito, pidieron a las empresas y comercios que “colaboren” con el paro y que entreguen refrigerios para los manifestantes y envíen a sus empleados a las protestas.
En otros sectores de la sierra ecuatoriana, se han registrado robos y saqueos a comerciantes. En el sur de Quito, por ejemplo, algunos manifestantes pincharon las llantas de los taxistas que laboraban en las calles, reclamando que no se unen a la medida de hecho.
Los actos más violentos sucedieron la noche del 21 de junio en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana a 273 kilómetros de Quito, luego de que se conociera la muerte de un comunero de Pastaza, que habría sido impactado por una bomba lacrimógena. Los manifestantes incendiaron una Unidad de Policía y vandalizaron el Banco de Guayaquil, una entidad financiera de la que Lasso fue gerente y presidente.
Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, luego de los hechos suscitados en Puyo, hay 6 policías heridos, 18 policías desaparecidos, 3 retenidos, 18 vehículos policiales afectados y una unidad policial dañada.
También los periodistas se han vuelto el blanco de las agresiones durante las protestas. De acuerdo con Fundamedios, una organización que registra los atentados contra la libertad de expresión, se han registrado más de 72 agresiones entre las que se incluyen periodistas que han recibido latigazos, pedradas, insultos, entre otros. Incluso los equipos periodísticos que cubren las protestas han sido asaltados por delincuentes que robaron sus implementos de trabajo. La mayoría de las agresiones se han dado por parte de los manifestantes.
Entre los últimos incidentes está que un periodista fue golpeado por una bomba lacrimógena mientras trataba de ayudar a una pareja de ancianos que se asfixiaba, durante los enfrentamientos en Puyo. También, los manifestantes incendiaron la motocicleta en la que se movilizaban los periodistas de Pastaza TV, que realizaban su cobertura en la ciudad amazónica.
El correísmo habla de la muerte cruzada
La muerte cruzada es el nombre con el que se conoce a la figura constitucional que permite la disolución anticipada de los poderes legislativos y que puede ser activada por el Presidente de la República o por el Congreso cuando exista una grave conmoción interna.
El legislador Juan Cristóbal Lloret, afín al ex presidente Rafael Correa, brindó un duro discurso en el que solicitó activar los mecanismos para el reemplazo del jefe de Estado: “Cuando él (Lasso) menciona esos términos (”grave crisis” y “conmoción social interna”) habilita mecanismos plena y legítimamente constitucionales porque aquí no se puede hablar de golpismo, no se puede hablar de desestabilización, cuando se invocan preceptos constitucionales”, manifestó el correísta.
Asimismo, el ex presidente Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana y asilado en Bélgica, ha señalado en varias publicaciones en su cuenta de Twitter la necesidad de que se llame a la muerte cruzada y se convoque a elecciones anticipadas.
El diálogo, la única salida cada vez más lejos
El martes, 300 organizaciones sociales hicieron una convocatoria para que el gobierno de Guillermo Lasso y la Conaie accedan a un diálogo que permita finalizar las protestas. Lasso aceptó acudir al diálogo, pero Leonidas Iza planteó condiciones para sentarse a negociar con el gobierno central.
Las condiciones de Iza son la derogación del Estado de Excepción y la “desmilitarización” del parque El Arbolito y de la Casa de la Cultura.
También diez misiones diplomáticas que están en Ecuador, incluyendo la embajada de los Estados Unidos y la Unión Europea, realizaron una comunicación conjunta solicitando el diálogo entre todos los actores involucrados en las protestas.
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