Haití fue el país precursor del independentismo en las Américas, pero hasta hoy sigue ligada a todos los males que produce la corrupción estatal. Las bandas están destruyendo el sistema social y de salud.
Internacionales21/05/2022
Editor
"Pido a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para impedir que la situación (en Haití) no se vuelva aún más incontrolable", urgió a mitad de mayo de 2022 Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ante el recrudecimiento de la violencia en Puerto Príncipe y sus suburbios.
Según la ONU, al menos 92 personas no afiliadas a bandas y 96 presuntos miembros de estos grupos habrían muerto en ataques armados coordinados en Puerto Príncipe entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2022. Aunque el balance real podría ser más elevado. De acuerdo a cifras de la ONU, otras 113 personas resultaron heridas, 12 se dan por desaparecidas y 49 fueron secuestradas. "La violencia armada ha alcanzado niveles inimaginables e intolerables en Haití", lamentó Bachelet.
"Aquí convergen varios factores", dice a DW la jurista dominicana Altagracia Jean Joseph, defensora de Derechos Humanos, con especial enfoque en la protección de mujeres y niñas afrocaribeñas. "Los políticos no le dieron la importancia al problema de las bandas, pensando que lo podían controlar, pero llegaron al punto de que se les salió de las manos", explica la abogada, y agrega que el segundo punto es que "algunos funcionarios y empresarios han comercializado el crimen del secuestro utilizando a las pandillas”.
El negocio de los secuestros
Jean Joseph cuestiona: "¿Cree usted que un delincuente de poca monta, sin acceso a información oficial de inmigración y sin capacidad alguna, puede saber quién y cuándo viaja a Haití, o quién tiene familia fuera del país para poder ir a secuestrar específicamente a esa persona?”.
La analista apunta a que los "poderosos están realmente detrás del negocio de los secuestros, porque el delicuente que no tiene ni para la comida y que se presta para cometer ese delito por un saquito de arroz o un galón de aceite, no es quien está percibiendo las ganancias”. En Haití exigen hasta un millón de dólares por la liberación de un ciudadano común, preferentemente ciudadanos extranjeros o aquellas personas en Haití que reciben remesas de sus familiares.
Las balaceras impiden a los niños ir a la escuela
Por otra parte, los enfrentamientos entre bandas en Haití han provocado que 500.000 niños no puedan asistir a la escuela desde finales de abril de 2022, informa, por su parte, Unicef, que cifró en 1.700 el número de colegios que están actualmente cerrados debido a las balaceras.
Según Unicef, en el área metropolitana de Puerto Príncipe hay 772 escuelas cerradas. "Las familias, las mujeres y los niños tienen miedo de salir de casa, los niños temen de ir a la escuela. Ningún niño puede ir al colegio mientras las balas revuelan por el aire, es inseguro y esto no puede ser", narra el representante de UNICEF en Haití, Bruno Maes, en el sitio virtual de dicho ente.
El círculo de los migrantes, las remesas y los funcionarios
La analista Altagracia Jean Joshep considera que el caos en Haití también es parte de un viejo sistema de usufructo creado por políticos: "Niños y universitarios que pudieran estar aportando al país, tienen que huir. De ellos, el Gobierno espera que envíen remesas”, y explica que, desde el Gobierno de Michel Martelly (2011-2016), se instauró un sistema de cobros de un porcentaje de las remesas, presuntamente para educación.
Martelly, que ahora reside en la Florida, ha sido directamente implicado en el escándalo de Petrocaribe, donde se malversaron cientos de millones de dólares de la ayuda venezolana. "Lo que los gobernantes de Haití esperan es que los refugiados manden remesas para que sostengan el país, y ellos puedan seguir desviando fondos del erario público”, es la conclusión de la abogada que litiga en República Dominicana.
Niñas y niños, las víctimas más vulnerables
En medio de la cada vez más amenazante situación, varios menores han sido asesinados y secuestrados en enfrentamientos. "Durante los últimos combates que tuvieron lugar en el norte de Puerto Príncipe, en los barrios llamados Croix des Bouquets, atendimos alrededor de 30 personas con heridas de bala en un período de dos semanas. O sea, tres veces más casos de los que solemos recibir”, dice a DW, desde Haití, Benoit Vasseur, portavoz y jefe de la misión de la oenegé Médicos sin Fronteras.
Como intendente del departamento de Canelones, Orsi llegó a reunir un 70 por ciento de aprobación. En 1989 votó en un referéndum a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, también conocida como ley de impunidad.
"Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones", afirmó.
Vladimir Putin aprueba la doctrina que avala el uso de armas nucleares rusas ante un ataque ucraniano con misiles El 'escenario atómico' del Kremlin incluye el ataque que prepara Kiev con proyectiles ATACMS de EEUU
Taxistas y remiseros acusaron al país vecino de prohibirles el cruce con pasajeros a bordo en sus autos. La medida alcanza al servicio de Uber y se extiende a los tres puentes entre Argentina y Uruguay.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
En total, fueron cuatro los procedimientos policiales realizados en los que se buscaban armas de fuego y cartuchería. Finalmente, dos de ellos dieron positivos para estupefacientes.
La Policía de Corriente informó este lunes que una persona murió tras el choque de un camión y un automovil, en Santo Tomé.
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
Un padre que lucha por la tenencia de su hija menor de edad se manifestó en contra de un juez local y, además, denunció ante el Copnaf que la abogada patrocinante de su ex pareja es la misma que ocupa el cargo de directora en dicha institución.
