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La investigación fue liderada por la Policía Nacional de España, que detectó la actividad ilegal a través de técnicas de ciberpatrullaje.
Se trata del polaco Mircea Popescu, quien murió ahogado en Costa Rica sin dejar rastro para que herederos pueden hacerse de su multimillonaria fortuna en monedas virtuales.
Internacionales04/07/2021Se llamaba Mircea Popescu y había nacido en Polonia; era multimillonario y, según aseguran, poesía una fortuna cercana a los 2.000 millones de dólares, todo invertido en criptomonedas de diversa denominación.
Y se ahogó en Costa Rica: según consignan medios locales y estadounidenses, el hombre falleció el 23 de junio pasado, luego de salir a nadar cerca de una playa costarricense y ser arrastrado por una corriente.
Popescu, de solo 41 años, era considerado uno de los mayores poseedores individuales de activos digitales en el mundo y como uno de los primeros y más ambiciosos emprendedores de la tecnología y el “intercambio de valores de Bitcoin”, según medios especializados.
En 2012 fundó MPEx, el sitio web de intercambio de divisas que dio origen a las primeras OPI de Bitcoin, lo que lo puso en la mira de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Pero ahora, con su muerte, toda esa fortuna quedaría "en el limbo digital", ya que sus herederos no tienen la menor idea de cómo acceder a esos activos valuados, como se dijo, en miles de millones de dólares.
“Parece que con la muerte de Mircea Popescu y John McAfee, una cantidad significativa de $ BTC podría perderse para siempre”, dijo al respecto Alexander Marder, analista de investigación de Crypto Briefing, en su cuenta de Twitter.
En efecto, John McAfee, creador del antivirus homónimo, se suicidó hace diez días en una cárcel española, donde llevaba varios meses detenido a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos: la justicia de ese país lo acusaba de evadir millones de dólares en impuestos sobre las ganancias obtenidas con el comercio de criptomonedas.
Interpol lo había incluido en su lista de personas más buscadas con código rojo, prioritario, a petición de Estados, y fue arrestado cuando intentaba fugarse desde el aeropuerto de Barcelona hacia Turquía, en octubre del año pasado.
La investigación fue liderada por la Policía Nacional de España, que detectó la actividad ilegal a través de técnicas de ciberpatrullaje.
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