La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una nueva querella ante la justicia federal de Concepción del Uruguay, en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas de nacionalidad uruguaya en Concordia, durante los años de la última dictadura cívico-militar.
En el expediente se investiga la responsabilidad de miembros de la Policía local, a integrantes del Ejército argentino y militares de Uruguay por secuestros, privaciones ilegales de la libertad, violencia sexual y torturas.
Según informó este lunes la Secretaría de Derechos Humanos, el 3 de mayo de 1977 fuerzas de seguridad y militares secuestraron a siete personas de nacionalidad uruguaya –hombres y mujeres– que residían en Concordia, entre ellas un niño de 3 años. Varias de las víctimas tenían militancia en el Partido Comunista Revolucionario de Uruguay.
Todos fueron llevados a la jefatura Departamental de la Policía de Concordia, donde sufrieron las primeras torturas y vejámenes. Luego de unas horas, algunos de ellos fueron llevados a una casa, donde fueron sometidos a constantes sesiones de torturas y una de ellas fue violada por sus captores.
Tras pasar algunas semanas en la Unidad Penal de Concordia, donde fueron mantenidos bajo condiciones inhumanas de vida y volvieron a ser sometidos a torturas, fueron trasladados de manera clandestina a Uruguay, donde algunos recuperaron la libertad inmediatamente y otros permanecieron detenidos hasta 1982. En todos los lugares de cautiverio, reconocieron la presencia de militares uruguayos durante los interrogatorios.
La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada ante el Registro Único de la Verdad del gobierno de Entre Ríos, que fue presentada ante la fiscalía federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minatta.
La presentación de esta querella del gobierno nacional se enmarca en un plan estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, con el que la Secretaría de Derechos Humanos impulsa el avance sin demoras en estas causas en todo el país. Con esta, ya son 266 las causas abiertas en las que la Secretaría participa como parte querellante.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este lunes 12 de mayo con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.
En la jornada de este jueves, el Intendente Francisco Azcué participó del acto de asunción de las nuevas autoridades de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, oportunidad en la cual dialogó con el Presidente de la República Oriental del Uruguay Yamandú Orsi sobre distintos aspectos que hacen al desarrollo productivo de la región donde el río Uruguay cumple un rol fundamental.
Vecinos del barrio Techo Digno, beneficiarios del IAPV, protestan por el esquema de pago que se les quiere imponer, calificándolo de inalcanzable para familias trabajadoras. Exigen que el canon de uso abonado durante ocho años sea reconocido en las cuotas.
Este martes por la noche se llevó a cabo el acto eleccionario en la asamblea que definió la próxima conducción de la histórica Biblioteca Popular Olegario Víctor Andrade.
El defensor sufrió la fractura de su tobillo izquierdo tras un cruce de Jeremías Perales. Fue sobre el final del partido disputado en Jujuy, y el agresor recibió la tarjeta roja de inmediato.
La oficina de prensa de la Policía de Concordia, informó que en un procedimiento policial, iniciado a raiz de la denuncia de un ciudadano que había sido despojado de sus bienes aprovechando su ausencia por trabajo, fueron detenidos dos masculinos y una femenina, quienes serían los ladrones. En el lugar se encontraron un arma y los bienes robados.
En una rápida acción que requirió la intervención de otras áreas del gobierno, como Catastro Municipal, efectivos policiales evitaron que se armara una "villa" a menos de una docena de metros del paredón de la Defensa Sur. Lo hicieron mediante la intervención preventiva tendiente a evitar que se consolidara una ocupación ilegal en esa zona prohibida de la ciudad.
La causa se abrió el 18 de febrero de 2025. Se investiga a las autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) por el presunto cobro de un adicional de los impuestos inmobiliario, urbano, subrural y rural y automotor, “sin tener la normativa que lo sustente”. El 18 de marzo Fiscalía adoptó medidas ante la demora de ATER en remitir la información solicitada en febrero. A tres meses de la apertura de causa, no se observan nuevos avances.
