Tres aspirante a Jueces de Instrucción de Concordia recibirán examen en el Senado
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
Además, al hacer uso de sus últimas palabras, el ex mandatario le reclamó al Ministerio Público Fiscal que le pida perdón a los entrerrianos por haber “mentido”. El adelanto de sentencia se conocerá el próximo 7 de abril.
Judiciales23/03/2022EditorEn la última jornada de las audiencias donde se ventilan cinco causas en su contra, Urribarri abrió vía videoconferencia el turno de las palabras finales ante el Tribunal de Juicio, integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno.
Al igual que en su declaración final como imputado, volvió a pedir absolución para él y para el resto de las personas imputadas y acusadas de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles.
El centro de su argumentación fue un tramo del alegato de cierre de la fiscal Yedro, donde expresó: “Nos resulta sumamente complicado obtener las pruebas que acrediten estos hechos. No hay testigos; nadie se presta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental cuando los rastros de ese delito no son plasmados en un documento; rara vez ocurre. La víctima no asiste a su producción. Y, obviamente como ya dije, la decisión de su ejecución siempre es tomada en la más absoluta opacidad. No hay documentación, no hay testigos”.
Corresponde señalar que el abogado defensor Miguel Cullen hizo mención en su alegato de cierre a este mismo pasaje de la intervención de Yedro, afirmando que la acusación pecaba de “orfandad probatoria” reconocida por sus propios integrantes. Fiscalía dejó pasar la etapa de réplicas sin contraargumentar sobre este punto.
Luego de esta confesión de parte, entendió Urribarri, la acusación debió haber pedido la absolución. “Estos dichos son contundentes, categóricos. Ante esa realidad, lo que debió suceder, es el pedido de sobreseimiento a todos. La contundencia de esta admisión echa por tierra la acusación y el relato que por seis años se instaló y se machacó permanentemente”, precisó.
Asimismo, destacó que al debate de las cinco investigaciones se llegó “a fuerza de arbitrariedades, atropellos y vulneración de garantías constitucionales y una fuerte presión mediática”.
Las causas se construyeron en base “al sesgo confirmatorio de culpabilidad”, sostuvo. Por esta deficiencia, Fiscalía hizo “oídos sordos a cualquier prueba exculpatoria de culpabilidad” como por ejemplo las declaraciones del Contador General Aurelio Miraglio; el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y los funcionarios del Tribunal de Cuentas, reseñó. “Todos ratificaron la legalidad de todos y cada uno los actos de gobierno”, destacó.
“Pero los fiscales no han hecho la más mínima mención a esos testimonios y esas pruebas”, contrastó.
Urribarri graficó esta conducta de la acusación con una imagen: la fiscal Yedro retirándose de la sala de audiencias cuando hizo su declaración de imputado. “Todo un gesto”, remarcó el ex mandatario.
“Los actos de Gobierno no son judiciables. Ninguna de estas causas debería haber llegado a juicio”, consideró. Pero existió “profundo desconocimiento” por parte de la Fiscalía del funcionamiento de la Administración Pública. La acusación tuvo como eje “estigmatizar a mí y a mi familia” y generar “títulos en los medios nacionales”, expresó.
Por otro lado, señaló que durante la etapa de investigación se produjeron “atropellos y arbitrariedades”. Detalló que hubo “allanamientos irregulares con testigos que no estaban presentes pero aparecieron firmando actas, profesionales que hicieron intervenciones sin títulos habilitantes ni autorizaciones judiciales, intromisión ilegal y manifiesta de las comunicaciones privadas”, entre otras, detalló.
Reconoció que como hombre político sabe “lo que es estar sujeto a revisión de mi desempeño, poner la cara, rendir cuentas, ser evaluado por la sociedad y someterme a la voluntad popular”. Y por eso interpeló a los integrantes del MPF: “¿Qué le van a decir a la sociedad a la que le mintieron con acusaciones falaces, acusaciones que hemos visto derrumbarse audiencia tras audiencia?”.
“¿Van a reconocer que se equivocaron? ¿Van a reconocer que actuaron movidos, alentados por prejuicios y por un profundo desconocimiento del funcionamiento de otro poder del Estado? ¿Van a reconocer, por favor alguna vez, que actuaron movidos por el clima de época de una coyuntura política? ¿Van a disculparse con las personas, con los empleados, a los que hicieron participar de esa puesta en escena? ¿Son conscientes del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente creo que no”, agregó.
Trascartón, les dejó un último interrogante: “Con mucha humildad les pregunto ¿Son conscientes del aporte que le harían al Estado de Derecho provincial si admitieran que se equivocaron?”.
Luego, apuntó: “No puedo dejar de referirme a las embestidas de estas semanas del periodista obsesionado conmigo y con mi familia, nuevamente mandando mensajes y buscando presionar al Poder Judicial con sus constantes operaciones mediáticas con claros intereses políticos. Seguramente son manotazos de quien sabe que sus mentiras caen frente a la verdad. No tengo dudas”.
“Confío en que se haga justicia y en que el Estado de Derecho vuelva ser el principio rector en nuestra provincia, en este caso y en todas las investigaciones futuras. Y que esté por encima de las fuerzas que condujeron este proceso hasta este juicio”, añadió.
Urribarri concluyó con un pedido claro a Chemes; Garzón y Castagno: “Apelo a la honorabilidad y trayectoria de este Tribunal para que no solo administre justicia, sino para que también ponga fin a un proceso de ensañamiento, ataques e injusticias al que hemos estado sometidos.
La conclusión
Además, de Urribarri, hicieron uso de su derecho de expresar sus últimas palabras ante el Tribunal los ex ministros de Turismo, Hugo Marsó y de Comunicación, Pedro Baez. También Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso; Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel.
Todos declamaron su inocencia, cuestionaron el accionar de la Fiscalía y comentaron situaciones personales que se vieron afectadas por un proceso que demandó 6 años.
Luego, el presidente del Tribunal, José María Chemes, anunció que el adelanto de la sentencia se conocerá el jueves 7 de abril a las 8:15. (APFDigital)
Este martes y miércoles se realizarán cuatro audiencias públicas en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores.
El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
La causa inició tras allanamientos concretados en el mes de agosto, donde se constató que la pareja ahora condenada venía dosis de drogas a consumidores en presencia de menores de edad.
El tribunal de juicios y apelaciones hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del ex ministro Pedro Báez, condenado por delitos de corrupción.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.
El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
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