Keiko Fujimori, a un paso del juicio por corrupción en Perú

La principal líder de oposición en Perú, Keiko Fujimori, podría enfrentar desde este año el juicio oral por los cargos de corrupción que se le imputan desde 2016 y que ya la han tenido 16 meses en prisión, después de que el caso retomara fuerza por la aparición de un testigo clave.

“Si mantenemos el mismo ritmo, estaríamos acabando la etapa intermedia a mitad de año y probablemente se le podría estar juzgando (con 33 coacusados) a fines de este año”, dijo el fiscal del caso, José Domingo Pérez, a medios locales, sobre la ex rival electoral del presidente Pedro Castillo.

El fiscal, que pide 30 años de cárcel para la líder del partido de derecha radical Fuerza Popular (FP) por presunto lavado de unos 17,3 millones de dólares, calculó los plazos después de que la semana pasada se entregara un testigo clave.

Giancarlo Bertini, quien según la investigación manejó el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht, el Banco de Crédito de Perú (BCP) y otros aportantes, llegó a Lima y se entregó a la Policía en el aeropuerto después de tres años clandestino en el extranjero.

El proceso en que la Fiscalía acusa a la hija del expresidente Alberto Fujimori de lavado de activos, asociación para delinquir, formación de organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal y falsedad genérica, arrancó cuando se conocieron los aportes de Odebrecht.

La gigante de la construcción, acusada en varios países de sobornar a políticos para obtener ventajas, admitió, a través de su CEO Marcelo Odebrecht y su representante en Perú Jorge Barata, que le dio al menos un millón de dólares a Keiko para sus dos primeras campañas presidenciales (2011 y 2016).

Los aportes de dinero a una campaña no son un delito, pero, según la Fiscalía, FP no los reportó y montó una estrategia para lavarlos, lo que también sucedió supuestamente con el expresidente Ollanta Humala, quien lleva su propio proceso.

Poco a poco, el fiscal Pérez documentó que hubo otros aportantes ocultos, como el BCP, que le dio a FP al menos 3,6 millones de dólares. Fujimori y el partido lo niegan, pero, según el ente acusador, no han logrado desmentirlo.

Según las pesquisas, Jaime Yoshiyama, presidente del Consejo de Ministros y del Congreso durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y candidato a vicepresidente de Keiko en 2011, comenzó el entramado cuando le pidió a su sobrino Jorge Yoshiyama hacerse cargo.

Jorge Yoshiyama, señala la Fiscalía, contactó a su íntimo amigo Bertini, quien tomó nombres inconsultamente o reclutó a falsos aportantes para hacer creer que se trataba de pequeños depósitos de miles de simpatizantes.

En 2018, por pedido fiscal, un juzgado envío a prisión preventiva por 15 meses a Fujimori, quien estuvo en la cárcel Santa Mónica, de Lima, desde octubre de ese año hasta noviembre del siguiente, cuando fue liberada por un Habeas Corpus.

La dirigente volvió a ser encarcelada en enero de 2020 por 15 meses, pero recuperó la libertad en abril siguiente por la política gubernamental de despoblar prisiones por la pandemia de coronavirus.

Los jueces que ordenaron las detenciones preventivas consideraron que hay indicios sólidos contra Fujimori y que, además, ésta representaba un riesgo potencial de fuga y de intervención indebida en el proceso.

No obstante, un juzgado respondió negativamente un nuevo pedido de prisión preventiva en 2021, lo que facilitó que Fujimori se postulara a la presidencia por tercera vez.

En esas elecciones fue vencida en segunda vuelta por el izquierdista Pedro Castillo por mínima diferencia, lo mismo que le había pasado en 2011 con Humala –quien se postuló con un discurso de izquierda pero hizo un Gobierno de centro- y en 2016 con el liberal de derecha Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori se negó a reconocer el triunfo de Castillo, a pesar de que todos los observadores nacionales e internacionales reportaron que fue un proceso limpio, y desde entonces impulsa a través de FP la destitución del mandatario, como lo hizo con Kuczynski, de quien logró que renunciara cuando aún le faltaban tres años de mandato.

Seguida por simpatizantes de derecha que la ven como continuidad del padre –quien desde 2007 paga 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros-, pero repelida por otros sectores, al punto que las encuestas la señalan como el personaje político más impopular del país, Fujimori, administradora de 46 años, ha sido gravitante en el Perú de los últimos lustros.

Su carrera comenzó entre críticas cuando, a los 19 años, aceptó ser primera dama en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, quien se separó del entonces presidente en medio de denuncias por supuesta violencia doméstica.

La relación matrimonial había entrado en una grave crisis después de que Higuchi -recientemente fallecida- denunció corrupción en el entorno gubernamental. Keiko prefirió ponerse del lado del progenitor.

Después de que en 2000 su padre cayera del gobierno y fugara hacia Japón, Keiko quedó al frente del fujimorismo, al que reagrupó en FP, partido por el que fue congresista de 2006 a 2011.

Luego vinieron las derrotas consecutivas. En la última, ante el hoy presidente Castillo, FP ya lucía diezmado, pero la dispersión de candidaturas le permitió pasar a segunda vuelta con menos de 20% de los votos. Su derrota en el balotaje fue por 0,02 puntos porcentuales.

Tras la entrega de Bertini, la excandidata eligió hablar poco del tema judicial y mantuvo en cambio su ofensiva hacia Castillo, de quien ahora exige la renuncia.

Para Pérez, el proceso contra Fujimori se prolongó más de lo deseable por “artimañas” de la defensa y porque el juez, Víctor Zúñiga, debe atender otros casos. Por esa última razón, exigió que el magistrado tenga exclusividad, de forma que la sentencia salga lo más pronto posible.