La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las comunidades no fueron informadas y que cientos de personas quedarán desprotegidas.
Internacionales22/12/2021
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El gobierno de Nigeria está cerrando los campos de desplazados internos del estado nororiental de Borno, un área muy castigada por la violencia de los grupos islamistas, y está dejando a centenares de personas en una situación desesperada, denunció Human Rights Watch el martes (21.12.2021).
"El reasentamiento y cierre de estos campamentos está realizándose sin previo aviso o sin informar adecuadamente (a las personas afectadas)”, señaló un informe de HRW.
Anietie Ewang, investigadora para Nigeria de esta organización pro derechos humanos, dijo que el proceso actual "dista mucho de los requerimientos legales y morales para proteger y ayudar a los desplazados internos”.
Más de una decena de desplazados internos dijeron a HRW que, aunque deseaban volver a sus comunidades de origen, las autoridades locales "no les dieron tiempo, información ni opciones adecuadas para tomar decisiones informadas”.
En octubre, el gobierno nigeriano anunció el cierre y el reasentamiento de todos los campamentos de desplazados internos de la ciudad de Maiduguri -capital del estado de Borno-, donde se refugiaban 1,8 millones de personas.
El Ejecutivo alegó que la seguridad de la región había mejorado y que los desplazados internos serían reubicados en casas construidas para ellos.
El estado de Borno es epicentro de violentos conflictos entre el grupo islamista Boko Haram y su escisión rival, el Estado Islámico para la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).
Ambas organizaciones tienen el objetivo de imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, que es de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur. La violencia de estos grupos armados ha provocado el desplazamiento de más de 2,9 millones de personas en el noreste de Nigeria y en los últimos años se ha extendido a otros países vecinos, como Chad, Níger y Camerún.
La investigación fue liderada por la Policía Nacional de España, que detectó la actividad ilegal a través de técnicas de ciberpatrullaje.
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