El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que los juzgados provinciales vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una "solución real" al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales, informaron desde la institución que nuclea a los abogadas y abogados de la provincia.

En la nota se pidió formalmente “que no se continúe con la forma de prestación del servicio de justicia" dispuesta por el STJ en el Acuerdo Especial del 21 de mayo, que hace referencia al trabajo remoto en el Poder Judicial entrerriano por motivo de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

El pedido de los abogados se fundamenta en la flexibilización que a su criterio hay en las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicios, respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita.

Aseguraron que los abogados y abogadas han "respetado en todas sus formas" las medidas sanitarias y cuentan con protocolos propios aprobados por el COES provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales.

Desde el CAER remarcaron que “a los fines de garantizar el servicio de justicia amparado por el artículo 65 de la Constitución Provincial, es necesario la activación de la presencialidad, préstamos de expedientes, restablecimiento de audiencias, retiro de oficios, firma de poderes, producción de prueba, tener continua y efectiva capacidad de respuesta del servicio de justicia lo que implica un pleno ejercicio profesional de la abogacía y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad”.

Además, resaltaron que “la medida de fuerza tomada por AJER, agrava la prestación del servicio de justicia en la provincia”, lo que llevó al Colegio de la Abogacía a convocar a una mesa de diálogo en la Secretaría de Trabajo, cursando invitación de todas las partes, como la Secretaria de Justicia de la Provincia, el gremio de los judiciales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

Según el Colegio, todos se comprometieron a brindar el servicio de justicia con celeridad, pero aseguran que "resulta necesario para ello que el Poder Judicial como autoridad del Gobierno, dé una pronta solución a los reclamos de los empleados judiciales y magistrados de la Provincia”.

“El Colegio entiende que el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio de una libertad pública fundamental, como lo es el de brindar la tutela judicial efectiva de los derechos a los ciudadanos, también garantizada no solo en la Constitución Nacional, sino también en la Provincial. Por tanto y frente a esta situación que compromete y afecta diversos derechos, se hace necesario profundizar e intensificar todas las instancias de diálogo y negociación que fueren necesarias para arribar a una solución”, finaliza el escrito.

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