Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad y la iniciativa pasó al Senado

Otro de los puntos incorporados durante las negociaciones establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar, en un plazo máximo de 30 días, un cronograma para cancelar las compensaciones atrasadas a los prestadores. La propuesta también contempla un plazo de 160 días para que los titulares de pensiones observados por inconsistencias durante una auditoría puedan presentar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.

El acuerdo político y la postura de Unión por la Patria

Durante la jornada, representantes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con organizaciones de personas con discapacidad para definir si acompañaban el dictamen de mayoría o sostenían su propuesta de extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Finalmente, el bloque opositor decidió respaldar el proyecto tras considerar los cambios incorporados durante las negociaciones.

El diputado oficialista Gerardo Huesen, encargado de informar el dictamen, defendió la necesidad de establecer un marco permanente. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas”, afirmó. También sostuvo que el objetivo debía ser construir un sistema transparente y accesible, con controles y derechos garantizados.

Huesen señaló que la iniciativa busca dejar atrás la sucesión de prórrogas y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. Entre los puntos que destacó mencionó el financiamiento, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal.

Por Unión por la Patria, Juan Marino explicó que el bloque no contaba con los votos necesarios para prorrogar la emergencia y que, por ese motivo, inició conversaciones con las organizaciones para introducir mejoras en el proyecto que podía aprobarse. Según indicó, el objetivo fue evitar retrocesos y conseguir que el dictamen incorporara la mayor cantidad posible de demandas del sector.

Marino destacó especialmente el plazo de 160 días para que los titulares de pensiones observados durante las auditorías puedan presentar sus descargos. Sin embargo, advirtió que la aprobación no resuelve por sí sola la situación del sector y sostuvo que el Gobierno debe cumplir la ley de emergencia vigente, cuya aplicación, según afirmó, fue objeto de reclamos y fallos judiciales.

El legislador también cuestionó la cantidad de solicitudes de pensiones pendientes y el financiamiento previsto para las prestaciones. Aseguró que 324.303 personas esperaban una resolución sobre sus pedidos de pensión y que solo 8.000 habían recibido el alta. Además, alertó sobre un recorte del 13,9% para Incluir Salud y sostuvo que la falta de actualización de costos perjudicaba a los centros de día.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz resaltó dos cambios que atribuyó a las negociaciones de la oposición: la extensión de la cobertura médica de Incluir Salud a titulares de pensiones por invalidez laboral, además de quienes reciben pensiones por discapacidad, y la compatibilidad de estas pensiones con las asignaciones familiares.

La exministra de Desarrollo Social sostuvo que las modificaciones surgieron del diálogo con las organizaciones y advirtió que será necesario garantizar el presupuesto y la aplicación efectiva de los derechos.

Los cuestionamientos al proyecto y las posiciones de otros bloques

La iniciativa también recibió objeciones de sectores opositores que rechazaron el acuerdo alcanzado con el oficialismo. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá anticipó que su bancada no acompañaría el dictamen y cuestionó la negociación entre las distintas fuerzas parlamentarias. También expresó desconfianza sobre el cumplimiento de la norma por parte del Gobierno.

En la misma línea, Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, rechazó el proyecto y pidió que regresara a comisiones para permitir una mayor participación de las organizaciones. La legisladora sostuvo que no existían garantías sobre una modificación del presupuesto y señaló que entidades cordobesas vinculadas con la discapacidad le habían solicitado que impulsara la prórroga de la emergencia.

De la Sota también cuestionó a quienes justificaron el acompañamiento al proyecto oficialista por considerar que era la alternativa posible ante la falta de votos para extender la emergencia. Su postura reflejó las diferencias dentro de la oposición sobre la conveniencia de respaldar una iniciativa que incorpora beneficios, pero cuya implementación y financiamiento siguen siendo motivo de discusión.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, valoró el acuerdo y anunció que acompañaría el dictamen con las modificaciones negociadas. A la vez, reclamó que el Senado avance rápidamente con la sanción definitiva y manifestó fuertes reparos sobre la actitud del Gobierno frente a las personas con discapacidad durante los últimos años.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también destacó el trabajo conjunto, aunque definió la iniciativa como una ley perfectible. Según expresó, el 75% de la ley de emergencia está contemplado en el nuevo proyecto, por lo que reivindicó la importancia de aquella normativa como antecedente de la discusión actual.

Por el oficialismo, Laura Rodríguez Machado destacó las coincidencias alcanzadas entre las bancadas y el trabajo de Herrera Ahuad para acercar posiciones entre sectores que mantenían desconfianzas. Además, sostuvo que los legisladores tienen la responsabilidad de definir el contenido del Presupuesto y buscó transmitir tranquilidad ante las dudas sobre los capítulos vinculados con la discapacidad.

El financiamiento y la aplicación de la ley, en el centro del debate

Aunque el proyecto consiguió una mayoría amplia, durante la sesión persistieron las diferencias sobre la capacidad del Estado para garantizar las prestaciones y cumplir con las obligaciones presupuestarias. Desde Unión por la Patria advirtieron sobre las demoras en la tramitación de pensiones, la actualización de los aranceles y la situación de los centros de día.

Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos a la implementación efectiva de los derechos reconocidos. Tanto Marino como Tolosa Paz señalaron que la aprobación parlamentaria deberá traducirse en medidas concretas, mientras que otros legisladores opositores plantearon dudas sobre el compromiso del Poder Ejecutivo con el financiamiento y la aplicación de la normativa.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de Ley de Discapacidad pasó al Senado, donde se espera que sea tratado en el corto plazo. La discusión continuará centrada en la consolidación de un sistema permanente de protección, las garantías para los beneficiarios y los recursos necesarios para sostener las prestaciones.