El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para determinar si corresponde avanzar en la investigación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas con las reservas de oro de la entidad monetaria.
El representante del Ministerio Público le pidió al juez federal Ariel Lijo dos medidas preliminares, según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Por un lado, solicitó que la Auditoría General de la Nación (AGN) entregue una copia completa del informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central, incluidos los papeles de trabajo, las disidencias de sus integrantes y la respuesta de la propia entidad.
Además, requirió al BCRA que detalle el marco normativo bajo el cual se aprobaron las operaciones con oro y precise si el Ministerio de Economía intervino en esas decisiones.
La denuncia por pérdidas de US$1.023 millones
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo y Bausili, luego de que un informe de la AGN advirtiera pérdidas por $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones, durante el ejercicio 2025 en operaciones con derivados de oro.
Según el organismo de control, las transacciones se realizaron con fines de cobertura, aunque también implicaron una apuesta sobre la evolución del precio internacional del metal.
Esta semana, Dalbón amplió su denuncia contra los funcionarios y otros integrantes del Gobierno. En su presentación, solicitó que la Justicia ordene un allanamiento en la sede del Banco Central, luego de que trascendiera que el Deutsche Bank habría participado como contraparte en las operaciones.
El posible conflicto de intereses
La presunta intervención de esa entidad bancaria generó cuestionamientos debido a que tanto Caputo como Bausili trabajaron anteriormente en el Deutsche Bank. Ese antecedente abrió interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses, aunque no implica por sí mismo la existencia de una irregularidad.
En ese contexto, el denunciante pidió que se investigue cómo se seleccionó a la contraparte de las operaciones, cuál fue el costo total de las transacciones y si algún funcionario o tercero obtuvo una ventaja indebida.
Por ahora, el fiscal solicitó medidas para reunir información y evaluar los próximos pasos de la investigación. La intervención judicial busca establecer cómo se autorizaron las operaciones y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas medidas.