Sin un modelo competitivo y transparente que reconozca el esfuerzo intelectual, la calidad informativa y la apertura del debate democrático quedan en riesgo.
El informe advierte sobre una práctica sistemática de estigmatización hacia la prensa por parte de funcionarios públicos y la máxima autoridad estatal. Durante una sola semana de agosto, se registraron cientos de mensajes de hostigamiento, réplicas de consignas agraviantes y menciones directas a periodistas y empresas de comunicación mediante calificativos de inusual violencia.
Según la entidad, cuando el insulto proviene de altas responsabilidades institucionales, se rompe la simetría del debate y se promueve el desprecio social hacia los informadores.
Restricciones al acceso a la información y leyes punitivas
Entre los puntos más alarmantes, ADEPA documentó trabas al ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno y al Congreso, así como resoluciones provinciales que concentran la información en voceros oficiales, limitando el trabajo de campo. Asimismo, se encendieron las alarmas ante propuestas legislativas orientadas a sancionar publicaciones consideradas falsas desde la óptica oficial, una medida que podría instaurar un peligroso efecto inhibitorio y otorgar un poder incompatible con el sistema democrático.
Fallos judiciales en defensa de la labor periodística
Frente al panorama adverso, el informe destaca decisiones recientes de distintos tribunales que reforzaron garantías constitucionales. Entre ellos, fallos que revocaron restricciones de contacto y difusión impuestas a periodistas, dictaron sobreseimientos definitivos amparando el secreto de fuentes, y ordenaron restituir cuentas digitales bloqueadas, ratificando que las redes y el ejercicio profesional son pilares esenciales para informar a la sociedad.