Según la entidad, cuando el insulto proviene de altas responsabilidades institucionales, se rompe la simetría del debate y se promueve el desprecio social hacia los informadores.
Restricciones al acceso a la información y leyes punitivas
Entre los puntos más alarmantes, ADEPA documentó trabas al ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno y al Congreso, así como resoluciones provinciales que concentran la información en voceros oficiales, limitando el trabajo de campo. Asimismo, se encendieron las alarmas ante propuestas legislativas orientadas a sancionar publicaciones consideradas falsas desde la óptica oficial, una medida que podría instaurar un peligroso efecto inhibitorio y otorgar un poder incompatible con el sistema democrático.


















