La pena de muerte en Estados Unidos: cuatro tendencias y Florida a la cabeza
El estado realizó cerca del 40% de las ejecuciones de 2025 y volvió a registrar dos en una misma semana. Los expertos señalan que las nuevas condenas siguen cayendo.
Estados Unidos vive hoy un panorama fragmentado en torno a la pena de muerte: un puñado de estados, con Florida a la cabeza, concentran la mayoría de las ejecuciones, mientras que en buena parte del país la pena capital se ha abolido, está en moratoria o se aplica de forma cada vez más arbitraria.
La doble ejecución de dos reos esta semana con apenas unas horas de diferencia en Florida -la primera vez que esto ocurre desde 1964- ilustra además la singularidad de un estado que algunos expertos consideran “un caso aparte” en la tendencia estatal sobre la pena de muerte.
En 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en Estados Unidos, frente a las 25 de 2024, casi el doble, según el Death Penalty Information Center.
En lo que va de 2026 se ejecutaron ya 19 condenados a muerte, pero los expertos no creen que el repunte del año anterior vaya a mantenerse.
“Una de las cosas realmente notables es que el número de condenas a muerte sigue disminuyendo, y creo que ese es probablemente un mejor indicador del sentir de la opinión pública respecto a la pena capital que las ejecuciones”, dijo a EFE Jeffrey Fagan, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Columbia.
Actualmente, la pena capital sigue siendo legal en 27 estados, mientras otros 23 estados y el Distrito de Columbia la abolieron.
Más allá del mapa formal, Fagan sostiene que el país se divide en varios “regímenes” de pena capital.
“Hay estados que han abolido formalmente la pena de muerte o nunca la han tenido, estados con una moratoria declarada por el gobernador, estados que mantienen la pena capital pero la aplican de forma rara y arbitraria, y finalmente Florida, que es un caso aparte por la intensidad de sus ejecuciones”, detalló.
Florida a la cabeza
Florida fue el principal motor del repunte de 2025: de las 47 ejecuciones de ese año, 19 tuvieron lugar en ese estado, que concentró cerca de dos de cada cinco y batió su récord histórico.
Este martes, James Duckett, condenado por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 11 años en 1987, y Dominick Occhicone, sentenciado por matar a los padres de su exnovia en 1986, agotaron todas las vías de apelación y fueron ejecutados mediante inyección letal.
El aumento de las ejecuciones en 2025 coincidió con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y con una política más favorable a la pena capital a nivel federal.
El 20 de enero del año pasado, día de su investidura, Trump firmó la orden ejecutiva “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, que encarga al fiscal general perseguir la pena capital “en todos los casos en que el acusado pueda ser elegible para ejecución”.
“Eso era parte de la lista de deseos de Trump”, consideró Fagan antes de matizar que, pese a que “el Gobierno tiene el poder de ‘federalizar’ un caso estatal, lo ejerce muy rara vez”.
Por su parte, el Departamento de Justicia anunció nuevas directrices para “fortalecer” la pena de muerte, entre ellas la recuperación del protocolo de inyección letal utilizado durante el primer mandato del republicano y la ampliación de los métodos de ejecución autorizados, incluido el pelotón de fusilamiento.
Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en usar un pelotón de fusilamiento, ejecutando en 2025 a tres reos que eligieron morir por este método en lugar de la silla eléctrica o la inyección letal.
Pese a los intentos de la Administración de Trump por reforzar la pena capital, el experto insiste en que las nuevas condenas a muerte y el apoyo social a estos métodos se mantienen en niveles históricamente bajos.
“No hay un apetito real por la pena de muerte en Estados Unidos, salvo en Florida. Las ejecuciones están relacionadas con la política estatal, pero el número de condenas a muerte depende de los jurados; y estos se muestran cada vez más reticentes a imponer la pena capital”, insistió.
Sin embargo, por el “pésimo” momento político, el experto ve poco probable que el país avance hacia la abolición total: “Creo que plantear la cuestión de la pena capital en este momento sería arriesgado”, concluyó.
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