Por orden de la justicia de federal la policía está allanando la sede de la AFA y otros cuatros clubes en una causa que investiga lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México.

Agentes de la PSA buscan documentación en la sede de la calle Viamonte y también en las sedes de los clubes Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe.

La Procuración General de la Nación (Procelac) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.

Es una causa que data de 2019 y la lleva adelante el juzgado federal que dirige la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La otra causa

En mayo de este año, la Asociación del fútbol argentino también fue allanada por la Policía Federal por orden del fiscal Eduardo Taiano, que encabeza una investigación por supuesto lavado de dinero. La denuncia la hizo la diputada Graciela Ocaña por “posibles irregularidades en la gestión vinculada a la firma de contratos”.

Uno de los acuerdos puestos bajo sospecha es un contrato de 2018 en el que otorgan los derechos digitales de la AFA a Metro World Digital, vinculada a Carlos Varela, titular de Transur, una empresa dedicada a la recolección de residuos. Cabe recordar que el presidente Claudio Tapia inició su carrera profesional en este ámbito y creció de la mano del sindicalista Hugo Moyano, de quien fuera su yerno.

Antes de firmar con la AFA, la sociedad se llamaba Metro Music. A esta empresa, que cambió de la música a digital rápidamente, la AFA le dio el derecho de publicar en redes sociales, televisación digital, apuestas online y sponsoreo digital.

Otro que está en la mira es Guillermo Tofoni. La AFA le otorgó el derecho a comercializar el 70% de los partidos amistosos. Desde su entorno explicaron que se trata de “un error de tipeo” y que en una de las cláusulas del acuerdo se aclara que le corresponde el 30% y el 70% a la entidad. Salvo excepciones, Tofoni es el único indicado para representar a la AFA en la gestión de estos partidos y no está obligado a pagar honorarios extras.

Otro contrato con Tofoni es el de Football Technology Institute, una academia para formación de chicos entre 6 y 18 años.

El fiscal se hizo cargo de la investigación por delegación decidida del juez Sebastián Casanello, quien está circunstancialmente a cargo del juzgado federal número 12, vacante desde que el magistrado Sergio Torres juró como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Esos contratos ahora bajo investigación tienen que ver en esencia con la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales del fútbol argentino: TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de “derechos digitales”.

A fines de abril, Ocaña citó a Tapia al Congreso para que dé explicaciones; el dirigente del fútbol contestó con una denuncia por calumnias e injurias.