Un jurado popular juzga un abuso ocurrido hace 19 años: otro caso que desnuda la lentitud intolerable de la Justicia
En Concordia comenzó este martes 27 de mayo un nuevo juicio por jurados. Pero no se trata de un caso reciente ni de un expediente que avanzó con celeridad. Lo que se está juzgando ocurrió en el año 2006. Es decir: diecinueve años después.
Tras la selección de jurados realizada, el debate se desarrolla en la sede del Colegio de la Abogacía, en calle Hipólito Irigoyen 629, y se extenderá hasta el viernes. El imputado, J.M.R., enfrenta la acusación de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado contra una menor de edad con la que no tenía vínculo familiar.
Un caso que llega casi dos décadas tarde
La Justicia suele justificar sus demoras con la frase “los tiempos judiciales no son los tiempos sociales”. Pero cuando un presunto abuso infantil tarda 19 años en llegar a juicio, esa frase deja de ser una explicación y se convierte en una muestra de decadencia institucional.
En casi dos décadas, la víctima pasó por la adolescencia, la juventud y la adultez. Cambió su vida, su entorno, su historia. Lo único que no cambió fue el expediente, que avanzó a un ritmo que solo la burocracia puede tolerar. La pregunta es inevitable: ¿qué clase de justicia es esta, que llega cuando ya pasó media vida?
El juicio
El debate es presidido por la jueza técnica Clara Mondragón Pafundi. El fiscal Martín Núñez representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa está a cargo del defensor oficial Alejandro Giorgio.
Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, el juicio se desarrolla a puertas cerradas.
Este es el juicio por jurados número 162 en Entre Ríos desde la implementación del sistema. Un número que muestra avance, sí, pero que convive con causas que tardan casi veinte años en llegar a esta instancia.
La deuda que la Justicia no admite
Más allá del veredicto que se conozca el viernes, este caso deja al desnudo una verdad incómoda: la Justicia entrerriana sigue funcionando con tiempos que no son compatibles con la vida real. Tiempos que no contemplan el dolor, la memoria, ni la necesidad de reparación de quienes denuncian.
Una Justicia que tarda 19 años en juzgar un abuso no solo llega tarde: llega mal. Y cada expediente que se arrastra durante décadas es una señal de alarma que la sociedad ya no debería aceptar como normal.
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