El juez Ledesma dictó prisión preventiva para las doce personas acusadas de usurpar la sede del Sindicato de la Fruta.

El magistrado dispuso la prisión preventiva por el plazo de 15 días para las doce personas que habían sido detenidas el pasado lunes 30 de marzo en la sede del Sindicato de la Fruta, ubicada sobre calle Saavedra, quienes están acusadas del delito de usurpación, según publicó el sitio especializado concordia policiales.

Durante la audiencia, la fiscal a cargo de la causa, Daniela Montangie, había solicitado que se dictara una prisión preventiva por el plazo de 30 días mientras continuaba avanzando con la investigación. Sin embargo, la defensa de los imputados —representada por los abogados Javier Orduna, Diego Briceño y Guillermo Díaz— se opuso a la medida solicitada por la integrante del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez resolvió dictar la prisión preventiva por 15 días para Gerardo Adrián Monzón, Néstor Nahuel Basualdo, Néstor Fabián Páez, Ernesto Vera, Nazarth Alcides Ríos, Guillermo Ariel Olivera, Alejandra Mondostegui, Martín Alexis Basualdo, Magalí Andrea Vera, María Alejandra Alderete, Rodrigo Walter Monzón y Maximiliano Ariel Olivera, quienes continuarán alojados en los mismos lugares de detención en los que se encontraban hasta este miércoles.

N.de la R: La medida preventiva resultaría un adelanto de pena de prisión definitiva en un supuesto delito que no requiere de grandes investigaciones ni pedidos de informes, ni menos se trata de una causa "compleja". Sin embargo, el supuesto "exceso" del juez en una medida restrictiva no podrá ser apelado pues ésta demoraría en instrumentarse más que la medida adoptada, por lo cual, los doce detenidos seguirán a cargo del Estado detenidos tras los barrotes de una celda en los lugares donde están en prisión, se supone que en diversas Comisarías de la ciudad que, obviamente, no están preparadas para resguardar detenidos.

La medida se presenta como "política", cualquier ciudadano que denuncia una usurpación de su propiedad, es difícil que logre que un fiscal tome su caso, y cuando ocurre, hasta ahora no se producen la inmediata detención de los usurpadores, ni su alojamiento, ni se dictan prisiones preventivas, situación que el gobierno nacional está tratando de poner en caja, mediante una nueva baterías de medidas legislativas que establecerán el inmediato despacho por el juez que tome el caso, el que deberá dictar en un término máximo de 7 días la desocupación del inmueble en caso de usurpaciones.