Sin gas, pero con F-16: Argentina firma multimillonario contrato militar con EE.UU. mientras se apaga el país
Mientras millones de argentinos soportan cortes de gas y una crisis energética que se traduce en hogares helados, el gobierno de Javier Milei ratificó hoy ante el Pentágono un contrato por más de USD 900 millones para la compra de 24 cazas F‑16 y 8 vehículos blindados Stryker de Estados Unidos.
Según un informe de la agencia Reuters, el Departamento de Estado norteamericano aprobó la venta de equipamiento para F‑16 por un valor estimado en USD 941 millones. Además, fuentes especializadas señalan que el costo global de la operación podría superar dicha cifra, incluyendo soporte técnico, misiles y capacitación .
Este anuncio coincide con una ola polar que dejó a Buenos Aires con temperaturas récord bajo cero, daños en la red de calefacción y reclamos generalizados por la falta de gas. Mientras tanto, lo destinado a sostener el sistema de energía nacional será insuficiente para cubrir las urgentes necesidades sociales.
Expertos en defensa aseguran que la compra de los F‑16 responde al plan de rearmar la Fuerza Aérea y consolidar un vínculo estratégico con Washington. Sin embargo, críticos señalan que la maniobra supone un “lujo” injustificado en un escenario de emergencia, donde los recursos escasean y la población sufre.
La decisión aviva el debate sobre las prioridades nacionales. ¿Está más expuesto el país ante posibles amenazas externas —que justifican una flota de cazas de última generación— que ante una crisis energética doméstica que golpea directamente a la ciudadanía?
Contexto adicional:
En marzo de 2024, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca por la compra de los mismos 24 F‑16, con la venia de EE.UU.
Se especula que los aviones se pagarán con financiamiento internacional y asistencia técnica estadounidense .
En un país sin gas suficiente para afrontar el invierno, pagar casi mil millones de dólares en armamento no solo profundiza contradicciones: revela prioridades que chocan con las urgencias elementales de la gente. La pregunta sigue abierta: ¿a quién protege realmente este gasto?