El agro entrerriano pierde casi USD 7.000 millones por retenciones: advierten un freno estructural al desarrollo productivo

La cifra, que representa un promedio anual de 466 millones de dólares, genera alarma en el sector agropecuario, ya que se traduce en una fuerte pérdida de capacidad de inversión, modernización y competitividad. Según el informe, el impacto de este tributo va más allá del campo: limita el desarrollo territorial, afecta el empleo rural y frena el arraigo de jóvenes en sus comunidades.

Durante la actual campaña 2024/25, los ingresos no percibidos rondan los USD 446 millones, pese a una baja parcial de las alícuotas y una producción de soja proyectada como la más alta de la última década. Para la próxima campaña (2025/26), si los rendimientos se mantienen en línea con el promedio de los últimos cinco años, la pérdida rondaría los USD 371 millones.

“El problema de fondo es que los derechos de exportación son no coparticipables, es decir, la plata se va al Estado Nacional pero no vuelve en forma de inversión ni infraestructura a las provincias que producen”, advirtieron desde BolsaCER. Esto significa que caminos rurales, servicios básicos y asistencia técnica —claves para sostener la producción— dependen exclusivamente de presupuestos locales, ya debilitados.

El informe también pone cifras concretas a la pérdida: los USD 466 millones anuales podrían invertirse, por ejemplo, en 3.700 tractores, 1.500 galpones avícolas o casi medio millón de vaquillonas preñadas, elementos clave para dinamizar el aparato productivo local.

Desde el sector alertan que el actual esquema tributario funciona como un sistema de transferencia regresiva, que penaliza al productor y desalienta el agregado de valor, justo en momentos donde el país necesita divisas, empleo genuino e inversión interna.

"Este modelo está vaciando el interior productivo y postergando el desarrollo federal", concluye el informe.

Políticas que NO impulsaron Bordet y Frigerio para proteger al campo entrerriano
1. Ausencia de una posición firme contra las retenciones
Bordet: Mantuvo una postura ambigua o moderada frente a los DEX, sin liderar un reclamo activo ni convocar a otras provincias productivas para exigir su eliminación o coparticipación.
Frigerio: Aunque en campaña prometió defender al campo, hasta ahora no ha promovido públicamente ninguna medida institucional para frenar los efectos negativos de las retenciones o compensar a los productores.
2. Falta de presión por la coparticipación de los DEX
Ni Bordet ni Frigerio impulsaron un reclamo formal y sostenido para que parte de los fondos recaudados por retenciones sean coparticipables.
Esto genera una transferencia directa de riqueza al Estado Nacional sin retorno a Entre Ríos, debilitando la capacidad local de inversión.
3. Infraestructura rural relegada
Caminos rurales en mal estado, puentes deteriorados y falta de conectividad siguen siendo una queja constante del sector.
A lo largo de ambas gestiones no se diseñó ni ejecutó un plan estructural, sostenido y provincializado de infraestructura rural estratégica.
4. Poca inversión en asistencia técnica y extensión rural
El fortalecimiento del INTA local, los programas de asesoramiento agronómico y técnico, o la capacitación rural no han sido ejes prioritarios en las agendas de ninguno de los dos gobiernos.
Esto es crucial para que pequeños y medianos productores puedan modernizarse y agregar valor, especialmente en un contexto de pérdida por retenciones.
5. Escasa articulación con entidades del agro
Ni Bordet ni Frigerio desarrollaron mesas técnicas permanentes o vinculantes con BolsaCER, FAA, CRA, CARTEZ u otras entidades representativas del campo, que pudieran traducirse en políticas públicas provinciales concretas.
6. Ninguna política de compensación provincial
No se implementaron subsidios, créditos blandos, ni exenciones fiscales provinciales para aliviar el impacto que los DEX nacionales tienen sobre la rentabilidad de los productores.
7. Inacción ante el deterioro del arraigo rural
A pesar del evidente impacto social negativo (migración forzada, cierre de establecimientos familiares, caída del empleo rural), no se articularon políticas para fomentar el arraigo juvenil, la vivienda rural o el acceso a servicios básicos en el interior profundo.
 
Conclusión:
Ambas gestiones provinciales han fallado en construir una agenda agropecuaria estructural que defienda a Entre Ríos frente a un esquema tributario nacional injusto para los productores. Frigerio aún tiene margen de acción, pero el tiempo apremia: el sector necesita respuestas políticas concretas, no solo declaraciones.