El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay decidió, en las últimas horas, suspender las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que debía comenzar el lunes en esa ciudad por los hechos ocurridos durante la Noche del Mimeógrafo. Esta determinación se adoptó ante recusaciones presentadas a último momento por la defensa de uno de los imputados contra dos integrantes del tribunal, debido a que intervinieron en anteriores juicios por los mismos hechos, pero contra otros acusados.

Según se pudo averiguar, las recusaciones fueron contra los jueces Jorge Sebastián Gallino y Lili Carnero, quienes actuaron en el juzgamiento al genocida José Darío Mazzaferri en el caso del primero, y en los hechos acumulados en la denominada "Causa Harguindeguy" la segunda. Esto fue advertido por la propia fiscal general María de los Milagros Squivo, quien solicitó que se corriera vista a las defensas "para evitar futuros planteos nulificantes", en una decisión cuestionada fuertemente por la querella.

El tribunal deberá ahora resolver sobre los planteos de recusación contra ambos magistrados, pero por lo pronto decidió suspender las audiencias que se iban a realizar la semana que viene y para las cuales ya habían sido citados los testigos y víctimas.

Los hechos

El tercer juicio oral y público por los hechos ocurridos La Noche del Mimeógrafo, como se recuerda al secuestro y torturas que sufrieron estudiantes secundarios durante la dictadura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, se iba a realizar entre el lunes y el jueves para juzgar a dos imputados que no habían sido incluidos en los anteriores juicios, los expolicías federales Luis Oscar Varela y Jorge Alberto Rodríguez, alias El Manchado.

En 2012, en la causa conocida como Harguindeguy, fueron condenados dos de los represores que integraron la patota de la Policía Federal uruguayense, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, éste último conocido como El Moscardón Verde. En ese momento, el torturador José Darío Mazzaferri se encontraba prófugo, por lo cual debió ser juzgado y condenado más tarde, en 2017, luego de su captura.

Varela y Rodríguez son considerados, según la acusación con la que llegan al juicio, coautores penalmente responsables del delito de privación ilegítima de la libertad de cuatro de los estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay que sufrieron La Noche del Mimeógrafo; agravada por el empleo de violencia o amenazas, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad. También se los acusa de formar parte de una asociación ilícita, entre otros agravantes.

Duro rechazo

El abogado querellante Marcelo Boeykens –coordinador del Registro Único de la Verdad– presentó un escrito en el cual contestó el "llamativo y extemporáneo pedido de inhibición" de los miembros del Tribunal presentado por el Ministerio Publico Fiscal y solicitó su rechazo.

En la presentación, Boeykens cuestionó que "extrañamente" el planteo de Squivo fue realizado "a solo días de comenzar el debate oral", siendo que la cuestión ya había sido resuelta por la jueza Mariela Rojas en una resolución que "se encuentra firme y consentida por las partes y las defensas, las que no recurrieron en tiempo y forma la misma".

El abogado negó que Carnero y Gallino estén alcanzados por las razones que obligan a los magistrados a inhibirse: "Si bien es cierto que los hechos que se ventilarán en autos se enmarcan en los acontecimientos que ya fueran ventilados en ocasión de las causas 'Harguindeguy' y 'Mazzaferri', pues forman parte del plan sistemático de persecución, tortura y exterminio del Terrorismo de Estado en lo que respecta a su implementación en la ciudad de Concepción del Uruguay, (...) no por ello los magistrados han de inhibirse. No está previsto ello en la norma".

"Ni Luis Oscar Varela ni Jorge Alberto Rodríguez fueron parte involucrada en dichos procesos, de ser así ningún magistrado que actuara en una causa de lesa humanidad podría luego hacerla en otra", agregó en el escrito.

Luego recordó que en ambos juicios se remitieron testimonios certificados a la fiscal Squivo para que instruyera la responsabilidad de Varela y Rodríguez "y no lo hizo". Quien lo hizo fue la fiscal josefina Minatta, al reemplazarla en el cargo.

Boeykens añadió que "son numerosos los antecedentes en todo el país" de jueces que intervienen en distintos juicios de lesa humanidad conectados entre sí, y que en la provincia sucedió con la constitución del Tribunal en causa “IPP”, donde estuvo el juez Roberto López Arango quien ya había integrado el TOF en causa Hospital Militar.

"Resultan a todas luces improcedentes los planteos de la fiscal, toda vez que los delitos sometidos a proceso en la presente causa son delitos de acción pública, crímenes de lesa humanidad, detalle que parece olvidar la fiscal", enfatizó.