El Gobierno realizó la denuncia en el Juzgado de Instrucción por el robo las combis de la Escuela de Cadetes de la Policía de Misiones, que se suman a dos autobombas y al dinero que estaba en la caja y que desapareció después que un grupo armado y encapuchado arremetió el lugar, supuestamente en el marco de los reclamos.

La institución policial se encuentra realizando todos los procedimientos para ajustar estas situaciones de violencia que cuentan con activa participación de piqueteros, activistas políticos y dirigentes opositores “con la única finalidad de desestabilizar al Gobierno de la provincia”.

En todos los informes oficiales puede verse con claridad que la crisis macro económica generó una caída de la recaudación propia y de las transferencias de Nación, causando un agujero en las finanzas provinciales, pero se pretende cargar la responsabilidad a la Provincia y cargarle la obligación de compensar los tarifazos y la inflación causadas por las decisiones nacionales. 

En la jornada de ayer, ya fueron denunciados por el delito de sedición, que está encuadrado en un delito contra la Patria por la Constitución Nacional.

A raíz de esto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ordenó la conformación de un Comité de Crisis y el envío de una numerosa tropa de la Gendarmería Nacional para actuar en caso de que los policías “sediciosos” no acaten la orden de desalojo y dejen de violar el Protocolo Antipiquetes.

La Provincia ya les comunicó un aumento de sueldo, el segundo del año, pero insisten en pretender “una mesa de negociación” donde pretenden funcionar como un gremio, cuando las fuerzas policiales no tienen permitido la sindicalización en Misiones ni en ninguna provincia del país, por ser una organización que opera con la fuerza y con armas de fuego, además de su misión esencial, que juraron cumplir, de defender la seguridad de la población y del Estado.