El 4 de agosto de 2016, y a través del decreto Nº 2.229 el Poder Ejecutivo dispuso la cesantía del oficial subinspector Jerónimo Lapera como conclusión de un sumario administrativo que se le había iniciado por no cumplir con su crédito laboral: había presentado una serie de certificados médicos que daban cuenta de un cuadro depresivo, aunque la Junta Médica Policial contabilizó un total de 174 días de ausentismo laboral injustificado.

Esa situación, a juicio de la fuerza, “revela una postura innegablemente irresponsable para con la institución policial y de profunda desidia, violentando los deberes y obligaciones que pesan sobre todos los integrantes de la fuerza policial”. Y por esa razón se le aplicó la destitución por cesantía de la Policía de Entre Ríos.

Al año siguiente, el 25 de enero de 2017, y a través del decreto Nº 43, le vuelven a aplicar la misma sanción: destitución por cesantía, aunque ahora por una causa más grave: el 18 de marzo de 2016 había sido condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional bajo los cargos de privación abusiva de la libertad, severidades, vejaciones y hurto calificado en concurso real.

El decreto señaló que “surge que la actitud desplegada por el subinspector Jerónimo Lapera demuestra un alto grado de desobediencia y vulnerabilidad de los estamentos legales y éticos exigibles a todo funcionario policial, revelando en la postura asumida un desinterés por el respeto a la integridad humana, eventualidad agravada por su situación de empleado público, lo cual sumado a las cargosas pruebas recopiladas en su contra hacen sustentable apartarlo definitivamente de la institución policial”.

El 10 de enero de 2020, Lapera hizo una presentación ante el jefe de Policía, Gustavo Maslein, y pidió conmutación de pena: que se cambie la baja por cesantía a la pena de arresto. En la condena judicial le impusieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero que esa situación cambió a partir del 2 de diciembre de 2019, cuando fue rehabilitado. No solo pidió la conmutación de la pena impuesta: también el reingreso a la Policía.

El jefe Maslein dio curso favorable a la petición y le conmutó la pena de cesantía por 45 días de arresto. Y así habilitó su reingreso a la fuerza. La decisión está contenida en el decreto Nº 4.668, del 21 de diciembre de 2022, publicado este lunes 5 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Otro decreto, Nº4.687, también del 21 de diciembre de 2022, que vio la luz en el Boletín Oficial de este lunes 5 de junio, hizo lugar a otro pedido de conmutación de pena.

El 7 de diciembre de 2017, y a través del decreto Nº 4.099, se aplicó la sanción de destitución por cesantía del oficial principal Ricardo Ramón Coronel. La norma dice que “de las pruebas recolectadas se pudo establecer que en fecha 11 y 12 de agosto de 2011 se llevó a cabo un procedimiento en un campo ubicado en el Séptimo Distrito de la ciudad de Gualeguay, en donde el oficial al mando era Ricardo Román Coronel, quien en el marco de la detención de tres ciudadanos perpetró acciones ilegales, las cuales fueron denunciadas por estas personas en sede policial y judicial”. El oficial cumplía funciones en la Brigada de Prevención de Abigeato.

En el marco de una causa penal, fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso con más la inhabilitación especial para el desempeño de todo cargo público por el doble de tiempo de la condena al hallárselo responsable de los delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales. El 25 de junio de 2020, y al haber transcurrido la mitad del tiempo de la pena de inhabilitación, la Justicia lo rehabilitó para ejercer cargos públicos.

Luego de la presentación que hiciera ante la fuerza, el jefe de Policía dispuso conmutarle la pena de cesantía por la de 45 días de arresto, y le permitió su reingreso a la fuerza. Lo hizo con el grado de oficial principal. (Entre Ríos Ahora)