El Juzgado Federal de Concordia cumple su primer año de funcionamiento tras su habilitación. A lo largo de estos primeros doce meses, el Tribunal ha dejado su huella en el servicio de administración de justicia y la lucha contra el crimen organizado en la Provincia de Entre Ríos.

Desde su inauguración, la Dra. Analía Ramponi, designada en mayo de 2019 tras ser ternada por el Consejo de la Magistratura y recibir la confirmación del Senado de la Nación, ha estado a cargo del Juzgado.

En el transcurso del año, se han iniciado más de 3000 causas, evidenciando la intensidad de trabajo que recayó en este nuevo órgano judicial.

La labor del Juzgado Federal de Concordia, que cuenta con una Secretaría Penal y otra Civil, ha abarcado un significativo número de casos en ambas materias, incluyendo cuestiones sensibles como amparos de salud, causas previsionales, y delitos complejos y crimen organizado. En el ámbito penal, la mayoría de los asuntos tramitados en este nuevo órgano versan sobre delitos graves y con implicancias trasnacionales, tales como narcotráfico, contrabando y trata de personas.

Como resultado de estos procesos, por dar ejemplos, se han realizado más de 60 detenciones efectivas y se han rescatado a más de 25 víctimas de trata. Asimismo, se ha incautado una cantidad superior a 2.720 kilogramos de sustancias estupefacientes que serán próximamente incineradas en acto público y, también se procedió al secuestro de mercancías en infracción al régimen aduanero con un valor que asciende a más de doscientos cuarenta millones de pesos $240.000.000,00.

Entre otros hitos destacados, se llevó a cabo un juicio de extradición en el cual se ordenó entregar a la República Oriental del Uruguay a un ciudadano acusado de traficar drogas mediante el uso de aeronaves, como así también numerosos procedimientos de “entregas vigiladas” de drogas, aplicando técnicas especiales de investigación que derivaron en múltiples allanamientos y detenciones.

En la gestión diaria, el Juzgado ha demostrado, además, su disposición a adoptar enfoques innovadores para la resolución de conflictos y, en ese sentido, ha implementado mecanismos previstos por la ley penal que benefician tanto a las víctimas como a la justicia y la sociedad en general.

En efecto, han sido considerables las causas relativas a delitos de menor trascendencia, que se resolvieron a través de acuerdos de reparación integral del daño causado por el hecho ilícito. Este mecanismo, expresamente previsto en el Código Penal, trae beneficios tanto para las víctimas de delitos como así también para la justicia y la sociedad, diluyendo conflictos con soluciones alternativas que permiten destinar recursos económicos a instituciones de bien público, en casos donde las penas privativas de la libertad, serían de ejecución condicional, es decir, que no llevarían en ningún supuesto a que el acusado deba cumplir una condena en forma efectiva.

En su labor, en el marco de articulaciones institucionales con Aduana ha logrado intensificar los controles y una mejora en los resultados de prevención; como así también ha propiciado la creación del Ente de Control de Drogas de Aduana en Hidrovía, en cuya inauguración participaron, además de la Dra. Ramponi, el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró; el Juez Federal de Victoria, Federico Martín; el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri y el Director General de Aduanas, Guillermo Michel. De igual manera, la titular del Juzgado ha destacado la labor conjunta y de cooperación con las fuerzas de seguridad, como la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Entre Ríos.

Por fuera de la actividad jurisdiccional y en lo que se refiere a materia de capacitación y vinculación con otros organismos de la localidad puede mencionarse la realización de una importante y concurrida jornada de capacitación realizada en conjunto con el Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande vinculada a los Delitos Complejos y el Crimen Organizado, con la exposición de distintos magistrados, funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de distintas partes del país.

La Magistrada ha solicitado al Ministerio de Seguridad la creación de una Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales para el Escuadrón Concordia de la Gendarmería Nacional Argentina, lo que será de gran importancia para profundizar la lucha contra el crimen organizado. Paralelamente, se destacó que el Consejo de la Magistratura de la Nación – cuya presidencia está a cargo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y su vicepresidencia a cargo de la Jueza Federal Agustina Díaz Cordero – se encuentra desarrollando el Programa Corredores Viales del Litoral con el objeto de fortalecer a los juzgados ubicados en estas zonas de frontera.

Asimismo, con el propósito de mejorar el servicio brindado a los profesionales de la abogacía se prevé incorporar el trámite de obtención de la matrícula federal, lo que evitará que los abogados de Concordia deban viajar hacia Paraná o Concepción del Uruguay para realizar esa gestión.

Como balance de este primer año la Magistrada reitera el compromiso de brindar un eficaz servicio de administración de justicia, labor que es posible gracias al profesionalismo y dedicación de su equipo de trabajo, a quienes agradece el acompañamiento a lo largo de estos doce meses, y la colaboración de todos los organismos con los que trabaja a diario.