Un reconocido abogado penalista, conocido popularmente como “Carpincho” Jáuregui, pide que se desarchive la causa de la mujer de 50 años, identificada como Sandra Beatriz Martínez, quien falleció el domingo el miércoles 5 de abril por un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las lesiones sufridas luego de que se rociara con un líquido inflamable y se prendiera fuego en los tribunales de Concordia.

En diálogo con diario EL SOL-Tele5, el Dr. Martín Jauregui detalló que aunque la causa había sido archivada porque “el Ministerio Público Fiscal no encuentra delito para investigar”, decidió comparecer “ante el fiscal José Costa para pedir la revisión del archivo” .

“Antes de haber podido tomar intervención legal y sin que se hubieran brindado detalladamente las explicaciones por este hecho que corresponde, sobre conducta y omisiones del personal bajo su dependencia, que eventualmente podrían guardar relación directa o indirecta con el hecho ocurrido en el interior de la fiscalía, se resuelve velozmente a archivar; por lo que la investigación amerita este planteo ante el coordinador del Ministerio Fiscal”, explicó.

Del mismo modo, el letrado mencionó que “el Superior Tribunal de Justicia, ante la gravedad del hecho y el estado público que tomó por los medios de comunicación, hizo una resolución interna para una investigación sumariante”.

No obstante, disparó que “nadie desconoce el enfrentamiento público que ha habido en este último tiempo entre el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal”. Y aclaró que, independientemente de esa interna, “nosotros no creemos que el hecho pueda caer en una cuestión de oportunismo en el marco de esa confrontación pública”.

Asimismo, Jauregui aclaró que su cliente (el hermano de la víctima) se contactó con él. “Pensamos que este hecho amerita una investigación más profunda porque más allá de la existencia e inexistencia de un delito, en el caso concreto donde se investiga la muerte de una persona, son las circunstancias en las que se produce esto, el contexto en el que se produce el hecho”, dijo.

Posteriormente, el abogado aseguró que “hubo una serie de omisiones o de mal desempeño en la función de los distintos organismos del Estado” las cuales “son alarmas que sonaron fuerte y no pudieron evitar que esta muerte ocurriera”.

Sin embargo, admitió que la víctima “estaba en tratamiento ambulatorio, con un estado de depresión importante y estaba siendo tratada“, pero Jáuregui entiende que “esto no le resta importancia de ninguna manera al hecho, al contrario, estaríamos frente a una situación en contexto de género, con una persona vulnerable, enferma, que pretendía equivocadamente tal vez recurrir a un organismo para que le solucione el problema”.

Finalmente, Jauregui apuntó que “acá al Poder Judicial se le murió una persona adentro de los Tribunales buscando una solución a un problema. Incluso, no hubo nadie que la pueda contener porque fue un preso el que la asistió. No hubo policía, no hubo matafuego, no hubo nada que impidiera el hecho”.