El Parlamento boliviano aprobó el viernes una ley que permite que el Banco Central venda 21 toneladas de sus reservas de oro, equivalentes a unos 1.260 millones de dólares. Esta suma servirá para pagar los vencimientos de la deuda externa y respaldar el tipo de cambio, que en este momento se halla bajo amenaza. Bolivia sufre turbulencias financieras desde febrero, cuando las autoridades económicas comenzaron a racionar la entrega de dólares a los bancos alegando que se había presentado una “demanda inusitada” de esta divisa por parte del público.

La respuesta de los mercados internacionales a la tramitación de esta ley en la Asamblea Legislativa ha sido positiva, aunque Bolivia no tiene muchas posiciones en ellos. Los bonos soberanos del país subieron ligeramente de valor y también se reportó una leve disminución del riesgo país.

La llamada “ley del oro” también autoriza al Banco Central a comprar el metal producido por los mineros bolivianos, hacerlo refinar y venderlo en los mercados internacionales para obtener dólares, que se ha convertido en el bien más escaso en el país. Se requerirán varios meses para que este proceso se ponga en marcha. La ley ordena que se mantenga una “reserva estratégica” con las otras 22 toneladas de oro que posee Bolivia, las cuales no se podrán vender. Esta limitación, cuyo cumplimiento se auditará cada cuatro meses, fue la respuesta del oficialismo a las objeciones de la oposición parlamentaria a la ley. Esta fue descrita por los opositores como una licencia para “despilfarrar” lo último que quedaba de las reservas internacionales bolivianas y como un “parche” que no parará la sangría de divisas que sufre el país.

El Banco Central no publica el estado de sus reservas desde el 8 de febrero; en ese momento, ascendían a 3.538 millones de dólares, el 9% del PIB. La mayor parte de esta suma estaba constituida por 43 toneladas de oro, que la legislación no permitía tocar sin permiso expreso del Parlamento. A partir de ahora, este permiso ya no será necesario.

La aprobación de esta norma fue complicada porque el bloque parlamentario del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) está dividido en dos alas, una conformada por los simpatizantes del presidente Luis Arce y otra, por los seguidores del jefe del partido, el expresidente Evo Morales. En la Cámara de Diputados, los “evistas” votaron inicialmente en contra de la ley y pusieron contra las cuerdas al Gobierno, que sin la ayuda de la venta del oro no podría pagar las cuentas internacionales del país. Para destrabar la situación, el presidente de la Cámara, Jerjes Mercado, organizó una votación secreta, lo que es raro dentro de los usos parlamentarios bolivianos.

Tras el escrutinio, la moción de aprobación obtuvo la mayoría requerida. Se supone que parte de los votos salieron del evismo y otra parte de la bancada del jefe opositor y expresidente Carlos Mesa. Los líderes de la agrupación de Mesa acusaron al Gobierno de haber comprado con prebendas y favores las adhesiones de los diputados opositores a su proyecto. El oficialismo lo negó. También denunciaron que no se había respetado escrupulosamente los procedimientos de votación, porque el MAS que responde a Arce estaba “desesperado” por aprobar esta ley, que para algunos analistas impedirá que el país entre en una crisis económica abierta y, por tanto, le dará al presidente el aire que necesita.

En los últimos ocho años, Bolivia ha ido perdiendo constantemente sus reservas internacionales, que en 2015 ascendían a 15.000 millones de dólares, el 50% del PIB. La principal causa ha sido el deterioro de su industria de extracción de gas y petróleo, que hasta la presente década fue la mayor exportadora del país. Arce señaló hace poco que “los yacimientos están cansados”. Su Gabinete critica a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) por no haber explorado ni hallado nuevos reservorios de hidrocarburos en el momento de bonanza.

Fuga de divisas

La caída del rendimiento de los pozos, junto a disminuir los ingresos del Estado, ha aumentado vertiginosamente las cantidades de gasolina y diésel que el país importa y esto, a su vez, ha incrementado su necesidad de dólares, sobre todo por el alza de los precios tras la guerra en Ucrania. Además, en este mismo periodo se ha producido una creciente fuga de divisas hacia el extranjero, tanto por causas políticas como por el aumento de las tasas de interés bancarias en las economías desarrolladas.

Este año, el Gobierno debe pagar alrededor de 900 millones de dólares por vencimientos de la deuda externa. También ha acumulado una deuda de 150 millones de dólares con las empresas petroleras que operan en el país. Pero su principal problema es la demanda de billetes verdes de miles de personas que, asustadas por la carestía, se han orientado a comprar estas divisas o a retirarlas de sus cuentas bancarias apenas se presenta algo de liquidez. Por eso se teme que, en las circunstancias actuales, la demanda de dólares no podrá satisfacerse, no importa cuántos recursos desembolse el Banco Central.

Esta situación está presionando sobre el tipo de cambio. Aunque el cambio oficial sigue fijado en 6,96 bolivianos por dólar, y Arce aseguró que no lo devaluará, en los hechos la divisa estadounidense, cuando se encuentra, se transa en precios superiores, incluso hasta en 7,5 bolivianos. (El País)