El presidente Alberto Fernández denunció penalmente que en las últimas horas su hijo mayor había recibido amenazas a su teléfono personal vía WhatsApp. El mensaje decía “Cuidate, vas a hacer boom”, indicaron fuentes con acceso a la denuncia.

Enterado de la situación, el presidente decidió hacer él mismo la denuncia vía policial, en la misma Casa Rosada. Allí dio un testimonio explicativo del contexto en que se había recibido el mensaje. Como es de rigor, intervino el juzgado de turno con la Policía. En este caso, el juzgado federal 9, hoy a cargo interinamente de la jueza María Eugenia Capuchetti tras la jubilación de Luis Rodríguez el mes pasado, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.

La jueza dispuso medidas urgentes, que incluían hacer las primeras diligencias para resguardar el mensaje amenazante y avanzar sobre la identificación del emisario. También se dispuso reforzar su seguridad. Ayer a la mañana, la causa pasó por sorteo a manos del juez Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, a quien ya se le corrió vista para dar impulso formal de la investigación.

Habitualmente en estos casos las medidas de investigación apuntan a establecer a nombre de quién está el teléfono desde el que salió la amenaza, si tiene redes sociales y la geolocalización del equipo. Fuentes judiciales indicaron que ya se está trabajando sobre el apoyo tecnológico para identificar al agresor.

No es la primera vez que el hijo del Presidente es blanco de amenazas. En julio del 2021, Fernández, fue atacado a través de las redes sociales (Instagram, Facebook y Youtube) y por correo electrónico. Todo el material probatorio fue aportado a la causa que recayó en manos del juez Sebastián Casanello, en ese momento a cargo interinamente del juzgado federal 12.

Según se explicó, las amenazas anónimas se recibieron al menos desde el mes de junio del año 2020 hasta el 13 de julio de 2021, mediante diferentes usuarios de redes sociales y desde un correo electrónico, con el fin de amedrentar a Estanislao Fernández y un amigo, dijo la denuncia. Decían que serían “cargados en un Falcon verde”, que “los iban a torturar”, “a cortar la cabeza”, “a quemar vivos”, “a tirarlos en un basural”.

A partir del trámite de la pesquisa se logró determinar que todos los mensajes fueron dirigidos desde la dirección de IP investigada, es decir, de la casa en la que viven Alejandro y Luis María Dagnino, en la localidad de Eduardo Castex, en La Pampa. Cuando la policía llegó hasta esa casa el 16 de julio pasado, se encontró un revólver calibre .32 largo, sin marca visible, con siete municiones en cartuchera.

En indagatoria, vía zoom, Alejandro Dagnino admitió haber enviado los mensajes y dijo que estaba arrepentido. Casanello lo procesó por amenazas anónimas en cinco hechos y como coautor de tenencia ilegítima de armas de uso civil. Dispuso su prisión domiciliaria y lo embargó por dos millones de pesos. Al su hermano mayor, en tanto, lo excarceló pero sometido a tobillera electrónica, pero quedó procesado por el arma y embargado en 200 mil pesos.

La defensa oficial, a cargo de Gustavo Kollman, apeló la resolución. Pero la Cámara Federal confirmó el procesamiento del hombre de 36 años por las amenazas. “Las frases expresadas demostrarían la clara finalidad de infundir un temor en las víctimas”, sostuvo el fallo. También se lo responsabilizó como coautor del delito de tenencia ilegítima de arma de uso civil que se encontró durante el allanamiento. El fallo dictado por la Sala I de ese tribunal revocó su prisión preventiva, que se cumplía bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En septiembre del 2022, con una querella impulsada por el abogado Juan Pablo Fioribello, Dagnino admitió la responsabilidad y a través de una probation se le ordenó hacer tareas comunitarias y cursos en el INADI para reparar el delito.