La decisión es en base a la sentencia de primera instancia que pronunció el juez Alejandro Cánepa, en marzo de 2022, por la cual Maynard recibió una pena de 9 años de prisión.

Desde ahora, el defensor particular del condenado, el abogado Marciano Martínez, tendrá diez días para apelar la decisión de segunda instancia y continuar el camino hacia la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) o abandonar el reclamo y aceptar la sentencia.

El tribunal que confirmó la condena se conformó en el siguiente orden: fundamentó el voto el juez Gustavo Pimentel, y adhirieron en todos los términos las juezas Marcela Davite y Marcela Badano.

“Luego de la lectura de la sentencia y su confrontación con la prueba producida así como también con los agravios expresados por la defensa, no existen dudas de que el resultado al que arriba el Dr. Cánepa se erige en un constructo argumental sin fisuras. Es así que el estudio de la prueba que obra en la sentencia, y condujo al juez a dar por acreditado el hecho atribuido a Maynard, y su calificación legal, se ha efectuado dando las suficientes razones. Es, por ello que corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia cuestionada”, subrayó Pimentel al concluir su voto.

En 2017, se dio a conocer la apertura de una investigación judicial tras una denuncia por violación contra una persona con síndrome de Down en Viale. Tanto el apuntado como el denunciante eran empleados de la Municipalidad y la agresión ocurrió en un galpón municipal donde se hacían trabajos de herrería.

En principio, el abuso fue detectado por la psicóloga particular del denunciante, a partir de dibujos que hizo en el marco de la terapia. La condición del síndrome de Down implicó una dificultad enorme en ámbitos judiciales para demostrar el delito, en principio porque el chico no puede expresarse con lenguaje verbal como la mayoría de las personas, aunque sí pudo contar claramente con gestualidad, palabras y dibujos qué le pasó. Hubo testimoniales, inspecciones judiciales, una cámara Gesell, informes psicológicos y médicos, y hasta una rueda de reconocimiento (una medida de prueba inédita en una investigación de este tipo) que el denunciante superó airosamente.

A esa denuncia y la prueba se sumó un contexto descripto por testigos, donde se describió que el chico con Síndrome de Down recibía bullying de parte compañeros de trabajo: le quitaban la gorra cuando iba a marcar para salir del trabajo, lo apoyaban, le pegaban en la cabeza, lo tomaban de la ropa. Entre quienes ejercían ese maltrato, los testigos ubicaron con una participación activa al agresor sexual.  

Finalmente, después de una larga investigación y sortear las dificultades y pasos propios de la burocracia judicial, la causa llegó a juicio oral a principio de 2022, se produjo la prueba, el denunciante pudo sentarse frente al juez -Alejandro Cánepa- y relatar, con sus recursos, las agresiones sufridas. Maynard fue condenado a 9 años de prisión.