"El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina", sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, a principios de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el marco del Plan Control Territorial, el Gobierno de Nayib Bukele asegura haber detenido a más de 64.000 criminales y reducido drásticamente la tasa de homicidios.

Mientras el Ejecutivo defiende el régimen de excepción vigente desde hace un año, organizaciones humanitarias salvadoreñas han recibido casi 8.000 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las imágenes del traslado de 2.000 supuestos pandilleros al recientemente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, dieron la vuelta al mundo y desataron un intercambio de tuits entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que comparó el penal con un "campo de concentración" para jóvenes. 

En Twitter, Human Rights Watch (HRW) incluso acusó al Gobierno salvadoreño de haber negociado "beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral". 

"Populismo punitivo"

En el país centroamericano, en cambio, los éxitos en el combate al crimen organizado se traducen en índices de aprobación del Gobierno de Bukele de hasta un 90 por ciento. Pero, ¿cuán sostenible es la actual política de seguridad pública en el largo plazo?

La política de "populismo punitivo" del presidente salvadoreño "se basa en la apología a la violencia, al castigo y no a la rehabilitación o justicia restaurativa", dice Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA). "Las políticas de mano dura no son nuevas, y en el mediano y largo plazo no son sostenibles, porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia", prosigue, en entrevista con DW.

Política de seguridad opaca

Asimismo, declaraciones del Ejecutivo hacen dudar de la existencia de una estrategia de reinserción social. Decir que los pandilleros no volverán a salir a las calles equivaldría a "una cadena perpetua, y eso no está permitido en el país", señala, por su parte, Álvaro Artiga, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, desde El Salvador.

La experta de WOLA también hace hincapié en la opacidad que rodea el Plan de Control Territorial, que fue declarado confidencial por el Instituto de Acceso a la Información Pública. "Se desconoce en qué consiste y cuál es la perspectiva", comenta.

En su opinión, la corrupción es posiblemente otro elemento que caracteriza la construcción del CECOT. "No se sabe cómo se manejaron los fondos públicos porque, con el régimen de excepción, se aprobó un decreto, según el cual el Gobierno puede hacer compras exprés sin ningún proceso legal".

¿Héroe o líder autoritario? La estrategia de mano dura de Nayib Bukele tiene admiradores y detractores.

¿Violaciones de derechos humanos bajo régimen de excepción?

En entrevista con DW, el sociólogo y politólogo Álvaro Artiga subraya que "el régimen de excepción podría prestarse también para fines políticos y no de seguridad". Y es que, bajo el estado de excepción, se suspendieron varios derechos, como el derecho a la defensa. Si, originalmente, una persona podía ser detenida por 72 horas, este plazo se amplió a 15 días. Asimismo, actualmente, el inicio de un juicio se puede prolongar hasta por un año.

Artiga también cuenta que hay restricciones a la libertad de prensa, porque los medios no pueden publicar noticias relacionadas con declaraciones de líderes pandilleros, bajo amenaza de ser declarados cómplices de criminales.

Ana María Méndez agrega que, en el marco del régimen de excepción, no solo se están suspendiendo garantías constitucionales, sino también derechos universales. "Bukele no está sometido al escrutinio ni de la ciudadanía ni de ningún órgano de control, está actuando sin ese contrapeso importante que tiene que haber en cualquier democracia", sentencia.

Combate a la corrupción "no es prioridad"

Por su parte, el profesor Artiga, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, destaca que la política de seguridad relacionada con las pandillas "no abarca todo el fenómeno de la delincuencia en el país. Está centrada en grupos de poblaciones de bajos ingresos. El combate a la corrupción, en cambio, no pareciera tener prioridad".