La puesta en escena es impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles de El Salvador para ser trasladados en autobuses hasta el que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele: el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”.

Ha sido él mismo quien ha compartido el vídeo que muestra cómo en la madrugada del viernes integrantes de las pandillas que han sembrado el terror en el país centroamericano son sacados de sus celdas por oficiales penitenciarios, esposados y obligados a caminar con el cuerpo agachado, suben a los autobuses y llegan hasta la nueva prisión de máxima seguridad, donde han sido encerrados, en una demostración de poder contra las llamadas maras. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”, ha afirmado el mandatario salvadoreño.

El vídeo comienza con los hombres corriendo con las manos en la nunca, los rostros desconcertados, escuchando las órdenes de sus carceleros. Los pandilleros se sientan en los enormes patios de las prisiones, uno pagado al otro, hasta que el pabellón se llena y muestra una impactante imagen de hombres descamisados, una enorme masa humana de cuerpos, cabezas rapadas, brazos y espaldas tatuadas. Una vez que todos han bajado de sus celdas, la nueva orden es emprender la carrera en fila hasta los autobuses, ahora con las manos a la espalda, esposados.

Es sorprendente el número de cámaras usadas: están en las viejas prisiones, dentro de los autobuses, en la carretera que conecta a la ciudad con el gigantesco centro de confinamiento. Hay tomas aéreas y planos cercanos a los rostros de los prisioneros en la oscuridad de la noche. Y con la llegada del alba, la toma del penal, iluminado dramáticamente por los primeros rayos del sol, mostrado como el lugar donde se concentran las esperanzas de seguridad de un país golpeado por el crimen.

“Me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local”, ha dicho Bukele. “Y tal vez soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes, comparado con políticos de otros países que han de ser igual de parásitos”, ha afirmado el mandatario en un vídeo que lo muestra ofreciendo un discurso a las fuerzas armadas. Y ha sido a los militares y a policías a quienes el presidente les ha lanzado un guiño: “No soy valiente a la par de los soldados, de los policías, a la par de los que arriesgan su vida día con día para traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, el crimen y la maldad”.

El traslado de 2.000 pandilleros a la cárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno en tan solo siete meses ha generado una nueva ola de críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que decretó el estado de excepción en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad. El Ejecutivo ha capturado a más de 60.000 pandilleros y cierra el cerco contra sus liderazgos, pero en el camino las autoridades han cometido fuertes violaciones a los derechos humanos. Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch (HRW) revela que se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.

La acción de trasladar a los pandilleros coincide con una acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos en una Corte Federal de Nueva York, que señala a dos altos funcionarios del Gobierno del presidente de haber negociado con la pandilla una reducción de las muertes a cambio de beneficios, entre los años 2019 a 2021. El documento, hecho público el jueves por el Departamento de Justicia, revela que el Ejecutivo salvadoreño negoció durante al menos dos años con las pandillas para lograr una reducción de los homicidios en El Salvador, con el fin de beneficiar a la popularidad de Bukele, que, en efecto, cuenta con altos índices de aprobación. El mandatario no se ha pronunciado sobre los señalamientos de la justicia estadounidense, aunque sí ha dedicado el fin de semana a retuitear mensajes que alaban el traslado de los pandilleros a la prisión contra el terrorismo.

“Este traslado tan cinematográfico ocurre mientras el Departamento de Justicia dio a conocer una acusación que señala al Gobierno de negociaciones con las pandillas. Este traslado tiene el propósito de intentar controlar la narrativa y de presentar una figura de mano dura”, explica Juan Pappier subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Bukele ha desarrollado un modelo de represión y negociaciones oscuras con las pandillas a espaldas del pueblo salvadoreño”, agrega. Sobre el enorme complejo carcelario, Pappier dice que “esta cárcel es un símbolo de las políticas de seguridad punitivas de Bukele que le van a permitir mantener sus índices altísimos de popularidad”. Y añade: “Pero no tengo dudas de que a largo plazo no habrá más seguridad para los salvadoreños. Las experiencias en El Salvador demuestran que estas medidas, si no van acompañadas de buenas políticas que enfrenten problemas estructurales, no logran frenar los índices de violencia”.

El mandatario salvadoreño, sin embargo, se ufana de haber bajado en 10 meses los altos índices de homicidios en su país. En su recuento de la cruzada personal que ha desatado contra las pandillas, Bukele ha celebrado un drástico descenso de los crímenes en enero y febrero, y ha bautizado a su país como “el más seguro de América”. El domingo dijo que El Salvador cumplió (“gracias a Dios”) otra semana completa sin homicidios. La estrategia es aplaudida por la mayoría de los salvadoreños y parece que la puesta en escena del traslado de prisiones ayuda a la imagen del mandatario. “Se trata de un Gobierno que hace gala de sus violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que quienes cometen delitos graves hay que llevarlos ante la justicia, pero lo que ocurre acá es una política de seguridad pensada para la popularidad de presidente y a costa a los derechos humanos”, sentencia Pappier.