Inflación, planes sociales y pobreza: cada vez más beneficiarios pero menos ayuda

A pesar de su proliferación, los planes sociales mitigan cada vez en menor medida el avance de los precios en los sectores más vulnerables de la sociedad a los que, en principio, van dirigidos.

Al calor del avance de la inflación en los productos de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, la cobertura de la ayuda social pierde su capacidad de asistencia al mismo tiempo que se multiplican los beneficiarios, cuya base de datos se investiga por estas horas en la Justicia.

Así lo revela un estudio del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana que calculó desde enero qué porcentaje de la canasta básica de alimentos (CBA) logró afrontar un beneficiario con el cobro de diversos planes.

El resultado del trabajo que hizo el economista Rubén Ciani reveló que sólo en algunos meses, la sumatoria en el caso de una familia tipo del cobro de dos asignaciones universales por hijo (AUH), el de un plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, alcanzó para afrontar el costo total de la canasta que marca la línea de indigencia. Para los últimos dos meses, sin embargo, la cobertura llegó a 87% de la canasta, marcando el mínimo de “poder adquisitivo” medido en alimentos esenciales de la sumatoria de esos planes.

El cómputo contempla los incrementos establecidos para los planes 20% para el Potencial Trabajo, vinculado al Salario Mínimo (7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero, 3% en marzo); del 15.9% a partir de diciembre en la AUH y del 40% en la Tarjeta Alimentar.

“Se observa que a lo largo del presente año, salvo en abril y junio, los valores de la CBA siempre estuvieron por encima de los programas sociales que -aún con los sucesivos incrementos- percibieron los hogares. Con el agravante de que durante los últimos cuatro meses (julio, agosto, septiembre, octubre) el porcentaje de la canasta de alimentos que llegan a cubrir con estas remuneraciones es cada vez menor”, sostuvo Ciani.

Aunque no empeoró, el panorama tampoco mejoró en noviembre a pesar de un menor registro para la inflación de alimentos, que se situó en 3,2% según el Indec.

Esto porque, destaca Ciani en su informe, “la disparidad en la variación de precios se manifestó, entre agosto y octubre, no sólo en las tasas de crecimiento de la CBA por encima del aumento general de precios medido por Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, sino también por una aceleración de dicho diferencial”.

“Los datos muestran que mientras que la tasa de variación del IPC se redujo desde el 7% al 6,2%, la CBA aumentó de 7,1% hasta el 9,5%”, apuntó el economista.

Puntualizó, en este sentido, la falta de resultados de los distintos programas de precios implementados desde la Secretaría de Comercio, que resultan ineficaces para moderar la suba de los alimentos básicos como carne, frutas y verduras cuyos canales de comercialización no son alcanzados por las políticas o acuerdos oficiales.

De esta forma, la principal conclusión del estudio es que las transferencias de las diferentes asignaciones sociales a las familias de menores recursos, con excepción de meses puntuales, siempre quedaron rezagadas en la carrera contra los aumentos de los alimentos básicos.

Esto en el contexto de un aumento sostenido en el otorgamiento de los beneficios, sobre los que recaen ahora sospechas de irregularidades por estar presuntamente orientados en muchos casos a familias que no cumplen los requisitos.

Las cifras oficiales indican que, desde que asumió, la administración de Alberto Fernández llevó de 597.846 destinatarios del Potenciar Trabajo a 1.350.000, cifra que la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, impuso como techo para el programa.

Tras el salto en 2020 y 2021, marcados por las consecuencias económicas de la pandemia, este año la cantidad de beneficiarios se mantuvo en ascenso y sumó 220.000 nuevos destinatarios. Los aumentos presupuestarios estuvieron, a estos fines, a la orden del día, pero eso no evitó la pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido, Isaac Rudnik, director nacional del Isepci sostuvo que “las auditorías, que fueron cambiando de modalidad desde hace varios meses, nunca se mostraron como una herramienta transparente para controlar si los fondos transferidos desde el Estado efectivamente cumplen con los objetivos declamados. Todo este proceso estuvo permanentemente cruzado por debates entre distintos sectores del propio Gobierno que se disputan diversas cajas, y que se acusan entre sí por distintas desviaciones”.